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Hay algo fácil en la forma en que alguna prensa nacional e internacional se refiere al grupo Wagner como cualquier montón de mercenarios al servicio de países como Rusia y hombres particularmente grises como Putin.
Sigue siendo cierto que Wagner es uno de los peores exponentes del género, dado su irrespeto total a las convenciones y leyes del derecho internacional. Pero ello no implica que quienes le rehúyen al término “mercenario” y han sabido forjarse una identidad menos guerrera (de “firmas privadas que operan como negocios”, según Peter Singer) sean propiamente enviados de la Cruz Roja.
Según un informe del Instituto Clingendael sobre la gigantesca industria global de las empresas privadas y militares de seguridad, el 70 % se concentra en el Reino Unido, China, Suráfrica y por supuesto los Estados Unidos. Las actividades que prestan van desde la construcción y el mantenimiento de infraestructura (puentes, comedores, cárceles, etc.) hasta el manejo de las telecomunicaciones, la supervisión de aviones, la administración de servicios de inteligencia y el cuidado de la ciberseguridad.
Cualquiera sea su verdadero alcance en el país intervenido, en juego siempre ha estado el monopolio de la fuerza.
Se nos olvida, por ejemplo, que Colombia tiene su propia tradición en el tema. Buena parte del dinero de los Estados Unidos para el supuestamente exitoso Plan Colombia se fue en el pago a contratistas igualmente gringos. Las fumigaciones con glifosato y el manejo de los aviones encargados corrieron a cargo de empresas impunemente invisibilizadas como DynCorp. Si bien en sus inicios se trataba de la guerra contra las drogas, la cual llevaron a cabo en plan ecocidio contra el sur del país sin que mediaran peros de los órganos encargados de pedir que rindieran cuentas, los contratistas no tardaron en intervenir en la política contrainsurgente.
La narrativa de excepcionalidad del caso Wagner-Putin esconde el apetito igualmente voraz de otros gobiernos a la hora de contratar empresas que ofrecen servicios similares.
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