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El valioso proyecto de ley con el que los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia pretenden que se regule el cultivo y la comercialización de la hoja de coca en Colombia revivió un tema que el gobierno del presidente Duque insiste en desconocer: la aspersión con glifosato es tremendamente costosa.
Y lo es en muchos sentidos, más allá incluso de lo económico.
El dilema no solo es el negocio que hay en la venta, sino lo que se requiere para la guerra contra las drogas en su versión glifosato por todas partes y para todo. O los efectos nocivos sobre las personas y su entorno. O su inconveniencia cuando se compara, en términos de costo y beneficio, con la restitución voluntaria.
En este caso el problema de fondo es el inverso a todo lo que el Gobierno destaca como receta mágica y final contra el narcotráfico. En vez de disminuir las masacres, como lo predica sin ninguna evidencia el ministro de Defensa y lo repiten de ahí para abajo los funcionarios, darles continuidad a las recetas ya ensayadas durante el Plan Colombia ayudará a que la política antidrogas se haga más y más difícil de fiscalizar.
El uso de contratistas, gringos o cualquiera sea su nacionalidad, no equivale necesariamente al empleo de mercenarios. Caer en una equiparación como esa es tan básico como suponer que hay alguna causalidad entre más glifosato y menos masacres. Sin embargo, la industria militar privada a la que se le encargará la tarea, cualquiera sea la participación local, es por definición menos transparente. Su opacidad es parte de la estrategia. No hay quien la regule.
El control político para estas actividades es nulo. Si ya es prácticamente imposible defender a la población de los excesos del Ejército, ¿qué se puede esperar de las violaciones a los derechos humanos en que incurran los contratistas encargados de erradicar la coca?
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