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Se venció el plazo para que civiles desarmados y funcionarios del Estado acudieran a la JEP de manera voluntaria. Menos de 700 personas estarían interesadas en participar. Una cantidad irrisoria frente al tamaño, la gravedad y lo prolongado de las victimizaciones durante el conflicto armado.
Una primera verdad sale a flote en lo que va del proceso: la historia que recibirán las víctimas sobre la violencia se reduce a la perspectiva de los combatientes armados. Para los demás actores que se lucraron económica y políticamente, para los que participaron de una u otra manera, porque les convenía o porque los constriñeron, no habrá espacio en la fotografía final. Una verdad que desde el diseño, desde la estructura de la JEP (o desde las costuras que le agregaron a lo negociado en La Habana), solo puede ser a medias.
Los llamados a una ampliación de los plazos están bien encaminados y son bastante improbables. Además del desgaste que tomará convencer al Gobierno del presidente Duque (tiene que hacer rápido lo que no quiere hacer del todo), el resultado si amplían los tiempos puede que no cambie demasiado. Por mucho que la JEP se ofrezca a resolver situaciones jurídicas inciertas, pocos o ningún cómplice feliz de haberlo sido se acercará gustosamente.
Los límites de la añorada verdad que ofrece la justicia transicional, las paredes de lo que se puede decir y lo que no, de lo que es posible ver y lo que no es ni siquiera imaginable, están sometidos al vaivén del arreglo institucional. No podría haber sido de otra manera. Los grandes abrazos políticos para la construcción de silencios se imponen tanto como la letra menuda, el cierre del horario, los plazos que se vencen.
Ante el desfile de alcaldes, gobernadores, magistrados, concejales, empresarios y comerciantes que fueron invitados a la JEP y nunca llegaron, habría que encontrar otros espacios. Identificar y problematizar sus memorias cómplices del conflicto es asunto de todos.
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