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La historia de los derechos humanos permite entender la importancia que adquirieron organismos como Amnistía Internacional. Y la deuda que tenemos con su actualización.
Fundada en Londres en 1961, cuatro años después ya había una versión gringa. Al principio ninguna de las dos marcó la diferencia, pero ya en los 70 tomó la fuerza global por la que hoy son reconocidos los derechos humanos. Un nuevo lenguaje, si se quiere.
Mandando y recibiendo cartas para proteger presos políticos, visitando países en los que la violencia era un problema conocido, pero usualmente negado, haciendo reportería, acumulando papeles, pruebas y testimonios, los derechos humanos que practicaba Amnistía Internacional se convirtieron en una de las fuerzas morales que reestructuraron la política en los 70. Al nivel del feminismo, lo gay o lo ambiental. Una política, explican sus historiadores, de la información.
A Colombia mandaron una misión que visitó el país, reunió información y le cantó la tabla al gobierno de Turbay. Bajo el Estatuto de Seguridad la tortura y las detenciones arbitrarias eran cosa de todos los días. Una política contrainsurgente al nivel de la practicada en las dictaduras latinoamericanas, pero con el ropaje y la legitimidad que da la democracia. Turbay trató de esquivar las acusaciones como pudo, pero la llegada de Betancur le abrió el paso a nuevos aires. Con Barco los derechos humanos ya eran parte de la retórica del Estado. En los 90 hasta se profesionalizaron.
Ahora avanza el posconflicto y sigue la violencia contra los líderes sociales. La paradoja no es nueva. Los derechos humanos ayudan a visibilizar a las víctimas y le dan legitimidad al presidente Santos, que las ha puesto en el centro de las miradas y en su nombre ha recibido un premio de paz. Pero al mismo tiempo el activismo de los defensores de derechos humanos produce otras víctimas, que el Estado tarda demasiado en reconocer. La política de la información se nos quedó corta.
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