Avalar la delincuencia

Su naturaleza no es la de la representación política de la ciudadanía y vehículo de las preocupaciones públicas, sino la de clubes sociales, que se dedican a satisfacer los intereses personales, y que con ocasión de las elecciones se preparan para improvisar los invitados a los que conocen a la entrada del festejo. Nuestros partidos no desarrollan actividades serias en momentos no electorales, sus recursos son dilapidados y precariamente controlados, su ideología es inexistente a tal grado que no hay siquiera eventos de formación política de cuadros (a veces no hay ni a quién formar) y sus representantes no están unidos por la comunión de preocupaciones y soluciones en torno a los diferentes temas que aquejan a la sociedad.

Por ello, los partidos han sido permeados por la ilegalidad. Avalados para participar como candidatos, los delincuentes han llegado al Congreso, gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. Han sido elegidos con plata del narcotráfico, de regalías y de comisiones de contratos, y con ella han comprado los votos necesarios y pagado las cuentas para ganar holgadamente importantes elecciones. Las organizaciones políticas no se han opuesto a que por intermedio suyo se gobierne y se favorezcan estructuras criminales que se han apropiado del poder que luego es casi imposible arrebatarles. Encarcelados, destituidos o muertos, los herederos de estos delincuentes “con vocación política” siguen gobernando y poniendo al Estado al servicio de la mafia y sus actividades.

Y por ello, cada vez que hay elecciones nos enfrentamos al mismo debate sobre la selección de candidatos y los parámetros para que los partidos puedan avalarlos. Pero no hay que engañarnos. El primer y más importante criterio, algunas veces el único, para la entrega de un aval es la probabilidad de triunfo y ella es más frecuente encontrarla en quienes tengan las agallas para comportarse ilegalmente en el ejercicio electoral: comprando votos, prometiendo puestos, superando topes de dinero, haciendo alianzas con la ilegalidad, etcétera. Lamentablemente la preparación y probidad de nuestros candidatos es un asunto de precaria importancia a la hora de entregar avales, por la simple razón de que el comportamiento honesto no gana elecciones. Y de ello es responsable el delincuente, pero también el ciudadano, que no repara en elegir bandidos a cambio de dádivas personales en épocas electorales, sin importar cómo se comporte luego en el ejercicio del poder.

Pero esto no acabará nunca si no se fortalecen los partidos, se establecen listas únicas y se centralizan las campañas, para que no sean los candidatos los que tengan que poner la plata para sus respectivas elecciones. A una delincuencia interesada en tomarse la política, a una ciudadanía indiferente y a unos frágiles partidos políticos sólo se les combate con infraestructura democrática y con conciencia ciudadana. Sin embargo, por ahora hay temas más urgentes, como por ejemplo ganar las elecciones.