Del terrorismo a la corrupción y la politiquería

Después de que terminen los periodos de gracia que seguramente obtendrán sin pasar por las urnas en Concejos, Asambleas, el Congreso y demás, las Farc buscarán sobrevivir electoralmente en medio del sistema político vigente con los cambios que se impulsen para lograr su reinserción.

Y para eso tendrán que proponer algunas cosas, que no distarán mucho de sus actuales manifestaciones sobre política pública en todos los sectores. Si gobernaran, tendríamos seguramente menos papel higiénico, poco o nada de los treinta y pico de billones de pesos que pagan las multinacionales petroleras en impuestos, eternos discursos en medios de comunicación al mismo tiempo que leyes de censura al estilo Correa, y probablemente unas estrechas relaciones con Evo, Ortega, Maduro y otros estadistas de nuestro continente.

Pero más allá del desvarío ideológico y del trasnochado programa político que podrán ofrecer al electorado que sin duda es tolerable en democracia, lo que resulta francamente preocupante es el impacto negativo que las Farc introducirán a nuestro ya empobrecido y corrompido sistema político y electoral. 

No es posible esperar que quienes llevan décadas cometiendo delitos de lesa humanidad, redimidos por la reinserción y la refrendación popular de los acuerdos de paz, ahora introduzcan transparencia en materia electoral y sean ejemplo de comportamiento probo en la gestión de los asuntos públicos. Será cuestión de tiempo descubrir que sus campañas son financiadas por el narcotráfico o por las arcas oficiales, que tendrán votaciones atípicas como las de los parapolíticos, que comprarán votos y que malgastarán el presupuesto público en satisfacer sus  ambiciones personales. 

Es paradójico que los soñadores de la paz a toda costa crean que mejorar nuestra democracia pasa necesariamente por convertir en servidores y funcionarios públicos a los peores delincuentes de nuestra historia. Y resulta increíble que vean la inclusión de la mafia en la política como la fórmula de la paz, cuando ella solo se construye en la medida en que pase precisamente todo lo contrario. Cuando desde los electores, pasando por los partidos y hasta la justicia, se tome conciencia de la necesidad de desterrar la delincuencia de la política y se actúe sin ambigüedades. Para que nuestro sistema político se transforme no necesitamos a los ex Farc, sino la participación de los hombres y mujeres más probos de Colombia y la expulsión de los miembros de los carteles de contratación, de politiqueros, farcpolíticos, parapolíticos, bacrimpolíticos y demás integrantes de la fauna tramposa e ilegal que lo tiene infiltrado en muchas regiones de Colombia.

En los negociadores del gobierno en la Habana, los colombianos tenemos toda la confianza. Pero hay que alertarlos sobre las implicaciones prácticas de la participación de las Farc en la política y sus nefastas consecuencias.