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EL LANZAMIENTO DE LA POLÍTI- ca nacional contra la pobreza extrema por parte del Gobierno, la discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo y el análisis de los datos que presenta la última encuesta nacional de demografía y salud, me obligan necesariamente a plantear de nuevo un asunto que tiene incidencia sustancial en la calidad de vida de los colombianos.
Se trata de la urgente necesidad de aumentar la inversión en juventud, que hasta ahora no ha podido lograr el interés y apoyo que por ejemplo tiene la primera infancia, reconocido propósito nacional, en el cual están vinculados y comprometidos el sector público y privado por igual.
Y aunque los recursos para los niños son fundamentales, al igual que aquellos para los más viejos, lo cierto es que la conformación demográfica nos exige ser más serios con la juventud, si es que queremos tener un país de adultos activos, sanos y productivos, capaces de garantizar su bienestar, hacer sostenibles nuestros sistemas de protección social y pagar las deudas que les dejaron las generaciones que los precedieron.
Las investigaciones sobre el tema, elaboradas por la Cepal, la OCDE y tantas otras, son fuentes inagotables de argumentos en este sentido. La primera, por ejemplo, sostiene que los jóvenes que trabajan entre los 13 y 17 años de edad tienen con frecuencia uno o dos años menos de educación que aquellos que se incorporan en el mercado laboral luego de cumplir la mayoría de edad. Esto significa que, en el futuro, su ingreso mensual podrá ser 20% menor durante toda su vida. Por su parte, la OCDE ha encontrado que los trabajadores sin educación secundaria pueden ganar entre 10 y 40% menos ingreso en su vida laboralmente activa. En el mismo sentido, los europeos ganarán más cuando van a la universidad, como es el caso de las mujeres italianas e inglesas, que están entre los 30 y 44 años, y que aumentarán sus ingresos en 20 y 110%, respectivamente, si así lo hacen.
Desde hace años se hace pública también la correlación entre educación e ingreso (CEPAL. Panorama Social). Para latinoamericanos entre los 35 y 54 años de edad, tres años más de educación básica primaria representaban hace unos años entre 24 y 72 dólares adicionales de ingreso mensual, mientras que tres años adicionales de educación secundaria tendrían una incidencia entre 42 y 132 dólares mensuales adicionales.
Y todo esto es apenas ilustrativo y aunque sorprendente, no es siquiera una muestra austera de las consecuencias de lo que significa no obrar con eficacia en materia de políticas de juventud. Las relaciones entre consumo de sustancias psicoactivas y sobrecostos del sistema de salud o entre aquéllo y rendimiento escolar son dramáticas, como lo es demoledora la relación entre la maternidad no planeada y su impacto en la deserción escolar y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por todo lo anterior, no deja de impactar y de extrañar que la palabra “juventud” apenas aparezca un par de veces en el Plan Nacional de Desarrollo, que las políticas de prevención siempre se hagan con el presupuesto que sobra y que la atención a los jóvenes surja cuando ellos delinquen, salen del sistema educativo, se embarazan o se drogan, es decir, cuando ya es demasiado tarde.
Twitter: @NicolasUribe