Malos tragos

Este año y por sólo mencionar algunos casos de amplia difusión mediática, 48 personas en Ecuador, más de 100 en India y 4 en el Valle del Cauca murieron como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Muchos se intoxicaron, varios perdieron la vista y otros más fueron diagnosticados con muerte cerebral. En Colombia aún no existen cifras oficiales que describan la dimensión del mercado de las bebidas alcohólicas ilegales y sus consecuencias en la vida y la salud de las personas. Sin embargo, el problema es ya un asunto grave que requiere no sólo la atención de las autoridades, sino también el comportamiento precavido y atento de los ciudadanos. Hasta noviembre de este año, por ejemplo, la Policía Fiscal y Aduanera incautó licor adulterado por un valor de casi $5 mil millones, y a esto debe sumarse lo que las Policías Departamental y Metropolitana, la Dijín, la Policía de Carreteras y las secretarías de Salud y Hacienda han incautado en los últimos 11 meses. Estudios sobre la materia afirman que son más de $400 mil millones los que los departamentos pierden anualmente por cuenta de los impuestos al consumo que no pagan las bebidas alcohólicas ilegales. En algunos lugares, incluso, este fenómeno tiene connotaciones de orden público, pues son las bandas criminales las que se apropiaron del negocio y lo administran como una nueva línea de acción, paralela a la del tráfico de drogas.

Tal vez los ciudadanos serían más conscientes del peligro del trago adulterado si pudieran conocer las condiciones en las cuales se fabrica. Botellas y tapas extraídas de la basura en las peores condiciones, uso de canecas de residuos, líquidos contaminados, medias veladas como filtros y alambiques construidos en baños y garajes en las más grotescas condiciones sanitarias son los lugares, los insumos y las herramientas predilectas de los fabricantes ilegales. Lo propio pasa con las bebidas importadas de manera irregular, que para superar los controles policiales y aduanales deben soportar condiciones de traslado inaceptables para cualquier producto de consumo humano y, como es obvio, no cuentan con el necesario registro sanitario que certifica su autenticidad.

Ya sabemos que no hay vivo más bobo que el que compra bebidas alcohólicas adulteradas. Lo que debemos comprobar ahora es si los nuevos gobiernos departamentales y locales están decididos a combatir este fenómeno que, como ya se dijo, tiene dimensiones importantes en materia tributaria, sanitaria y de seguridad pública.

@NicolasUribe