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Desconozco, aunque pienso que es probable, que la discusión sobre los procesos de paz en otras latitudes haya sido conducida por sus actores principales con la misma animadversión y odio con los que en Colombia hemos visto el transcurrir político durante estos últimos tres años.
Evidentemente no es fácil, pero debemos entender que esta manera de ofender o acusar a quien no piensa como uno alrededor del proceso de paz, la extrema sensibilidad a la crítica y también la crítica con deslealtad, sólo conducen a la simplificación absurda de la realidad y a la negación de la política como único instrumento para abordar un tema que necesariamente tiene que tramitarse por la vía de la deliberación pública y la participación ciudadana.
Por eso me parece importante resaltar el llamado que hace el presidente Santos para entrar en una dinámica de discusión más respetuosa y útil alrededor del proceso de paz entre todos los actores políticos, especialmente con la participación de quienes se han opuesto a esta iniciativa. Para que la invitación sea creíble y genere confianza, eso sí, al Gobierno le tocará dejar de llamar a los que no comulgan con el proceso como enemigos de la paz y empezar a compartir con ellos sus consideraciones sobre los límites de las concesiones oficiales en la mesa.
A la oposición le vendría bien también participar de lleno en la comisión asesora que convocó el presidente, sin que se entendiera su concurrencia como la claudicación de sus principios ni la renuncia a su derecho a ejercer la crítica con independencia. Ello sería útil no sólo para dar trámite directo a sus reclamos alrededor del proceso, sino también porque muchas de sus preocupaciones las comparte un inmenso número de colombianos que necesitan este canal de comunicación con el Gobierno para hacer llegar sus inquietudes. Pero, más importante aún, porque una eventual unidad alrededor de los límites políticos y constitucionales de la negociación serviría para que el Gobierno tuviera una posición más fuerte en la mesa de diálogo y pudiera lograr un mejor y sostenible acuerdo.
El procurador acierta también en proponer al presidente un pacto por la paz y en escribir al uribismo para interceder en favor de la aceptación a la invitación presidencial. Su posición permite ver que es posible, sin renunciar a las convicciones, sentarse en una mesa y pactar las condiciones para lograr acuerdos mínimos de entendimiento que permitan la construcción de un mejor futuro para todos. Aquí y en todas partes, así se han sentado en el pasado Gobierno y oposición. Colombia sacó adelante el Frente Nacional para acabar con la violencia partidista y en España, para citar un solo ejemplo, se acaba de suscribir un pacto contra el yihadismo entre el PP y el PSOE.
Lo cierto es que más temprano que tarde, salga adelante el proceso o se rompa por cualquier razón, Colombia debe transitar hacia un acuerdo político nacional, en donde, al menos en lo más importante, puedan coincidir el mayor número de voluntades con el propósito de enfrentar con responsabilidad política el desafío de la paz o el de la guerra.