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Hemos entrado en la etapa definitiva para la firma de un acuerdo de paz con las Farc.
Tres años después de su instalación, la mesa de negociación está concluyendo la tarea de concretar los términos del acuerdo con esta guerrilla, de conformidad con la agenda común negociada en 2012.
Si los plazos se cumplen, antes del 23 de marzo habrá un texto preciso, terminado y suscrito por las partes, listo para su trámite plebiscitario. De los cuatro puntos temáticos en la agenda, tres tienen documento público conocido y se avanza en la concreción del alcance de aquel que se refiere a la justicia y al derecho de las víctimas, que sin duda alguna es el punto que reviste mayor interés para los colombianos. Paralelamente se trabaja también en la forma de establecer las reglas para la dejación de las armas, los mecanismos de concentración de guerrilleros mientras se decide su situación jurídica y el cese de las actividades delincuenciales. Por último, el Congreso avanza en los trámites para crear los instrumentos especiales de refrendación e implementación de los acuerdos.
El proceso de paz está a cuatro meses de firmarse y su refrendación vía plebiscito probablemente se realizará antes de junio del año entrante, bajo las reglas que esta semana aprobó en comisiones conjuntas el Congreso. Luego, el Gobierno, con el procedimiento exprés que consagra la reforma constitucional en trámite, sacará adelante en el segundo semestre de 2016 las principales reformas legales e institucionales que se requieran para cumplir con el acuerdo.
A partir de entonces, lo fundamental para el país será reducir sustancialmente la violencia, aquella directamente ejecutada o incentivada por el grupo terrorista de las Farc. Se espera que cesen las extorsiones, el reclutamiento, el ataque a nuestros militares y la amenaza a la infraestructura, así como todos los abusos cometidos contra la población y sus Fuerzas Armadas.
Sin embargo, una verdadera reducción de la violencia es imposible si no se desactiva su principal fuente de existencia, que todos sabemos es el narcotráfico. Por eso preocupa tanto que Colombia nuevamente sea hoy el principal productor de coca y que las dimensiones del área cultivada sean superiores a las de Perú y Bolivia acumuladas. Francamente asusta que, con la suspensión de la fumigación con glifosato, no haya claridad del Estado frente a la eficacia de las alternativas que en su momento fueron anunciadas y que al parecer hoy no se están implementando con proporcionalidad frente a la dimensión de la amenaza.
Un escenario de desenfrenado incremento de las áreas cultivadas y un lucrativo negocio en desarrollo como el de la droga no permite garantizar que las Farc rompan con sus actividades ilegales asociadas al tráfico de drogas ni tampoco impide que algún heredero o testaferro se apropie de los cultivos, los laboratorios y las rutas. Lo que esta semana nuevamente ha sucedido en Argelia, Cauca, y lo que hace rato pasa en el Catatumbo es sintomático: presencia de actores criminales, amenaza a los habitantes, aumento de cultivos ilícitos, ataques a la precaria estrategia de erradicación manual y levantamiento campesino contra la Fuerza Pública incentivado por los criminales.
Seamos claros: sólo la paz sin narcotráfico será factor de reducción de la violencia.