Perdidos en la pelea

Y lo harán por el caso de las basuras, por el POT o por cualquier otra de las tantas arbitrariedades que a diario comete con tal de salirse con la suya, pues éstas generalmente suponen flagrantes violaciones a la ley o extralimitación de sus funciones. Lo investigarán y sancionarán porque actúa como si no tuviera límite en el gobierno, como si no tuviera que acatar lo que ordena el Estado de derecho. En nombre de las libertades, de la democracia y de las clases olvidadas, Petro ha atropellado las instituciones, desafiado la ley y promovido la lucha de clases y el odio entre los bogotanos. Quien no acompaña sus ideas y la curiosa forma de implementarlas, automáticamente es considerado enemigo de la gente y denunciado como integrante de una mafia, alguna entre aquellas que el alcalde ve por todas partes. Su intolerancia por la diferencia es apenas proporcional a su entusiasmo en la defensa verbal del pluralismo, y su desprecio por la ley, semejante a su egolatría.

Pero más allá de Petro y de su suerte, todo lo anterior ha sido costoso para los bogotanos y sus instituciones. Ante tanto en riesgo, aspiraría uno a que los insultos, las restricciones inoficiosas y los manotazos del alcalde hubiesen servido al menos para hacer de esta una mejor ciudad. Pero el deterioro de la calidad de vida en Bogotá es evidente y el legado de Petro en la Alcaldía no podría ser más lamentable. Nada valió la pena. En dos años no hay una sola obra importante de infraestructura en la ciudad ni un avance material para los usuarios del transporte público. El cambio en el esquema de basuras generó un deterioro en la percepción ciudadana en la prestación del servicio. Los bogotanos se sienten inseguros y los indicadores de violencia siguen aumentando. El espacio público se perdió a manos de la informalidad y la competitividad de la ciudad está en entredicho gracias a la incertidumbre que generan las regulaciones espontáneas, que brincan desde la administración como chapulines ante el clima de opinión.

Y eso que falta lo peor. Por cuenta del inconcluso proceso de destitución, el alcalde ya no gobierna la ciudad ni volverá a hacerlo, aun si logra mantenerse en ejercicio. Y es que no le queda tiempo ni atención. Su tiempo se consume en reuniones de abogados, viajes internacionales, redacción de tuits, preparación de discursos y asistencia a manifestaciones. Su atención está enfocada en proteger su aspiración de llegar a la Presidencia. Así pues, Bogotá y sus casi ocho millones de habitantes están relegados al último lugar de las prioridades del alcalde. Su talante le permite confundir su destino individual con el de la ciudad y por ello cree que gobernar es defender su puesto.

Ni Bogotá ni su gente merecen estar en medio de la pelea entre el procurador y el alcalde, en la que se han inmiscuido los jueces, el fiscal y tantos otros. Ojalá, por un momento, todos dejaran de pensar en su futuro político y se dedicaran a cumplir con el deber de sus investiduras, que no es otro que el de trabajar para procurar el interés ciudadano.