Presos por la incapacidad

Para dormir, los presos se amontonan en las celdas, se recuestan en los pasillos, cuelgan hamacas de los techos y hasta se acomodan en los baños. El hacinamiento general llega al 40% y, como si eso fuera poco, en algunos centros carcelarios no hay servicios públicos y la comida es precaria y escasa. Ninguna empresa prestadora de salud se atreve a atender a los reclusos, pues la UPC no es suficiente para pagar el costo de una población de más de 100.000 personas en donde un gran porcentaje requiere atención médica. Sólo siete de cada diez internos han sido condenados; el resto, casi 35.000 personas, están a la espera de su juicio, que en muchos casos ha tardado más de dos años, lo que, como es obvio, supera ampliamente los términos legales.

En un ambiente como éste es posible que suceda casi cualquier cosa, y en ausencia de controles, las cárceles se convierten en universidades del delito. Esta semana, por ejemplo, un interno acabó con la vida del director de la cárcel de Villanueva en medio de una fiesta acompañada de licor al interior del centro penitenciario, y un célebre recluso denunció públicamente un intento de homicidio. Es claro también que en nuestras cárceles no hay posibilidad alguna de que se cumpla la función resocializadora de la pena.

A pesar de que el Estado ha venido invirtiendo recursos importantes para construir nuevas cárceles y ampliar las existentes, los 22.000 nuevos cupos creados en los años anteriores parecen poca cosa frente a una población carcelaria que ha aumentado cerca de un 300% en los últimos 20 años (y eso que la impunidad excluye a un buen número de bandidos). No queda duda pues que el problema carcelario colombiano es consecuencia de la falta de política criminal y de la incontinencia legislativa para convertir en delito todo aquello que se considera ofensivo para la sociedad. Cada legislatura hay nuevas conductas que se penalizan, penas que se aumentan y delitos que pueden verse cobijados por medida de aseguramiento. Sólo para mencionar un ejemplo, vale la pena recordar que fuentes oficiales afirmaron que la penalización de los borrachos al volante significaría 35.000 nuevos reclusos anualmente. Además, no existe hoy en Colombia un juez que se atreva a dejar libre a un sindicado mientras se desarrolla el juicio, pues se ha vuelto costumbre considerar a todos los acusados como un peligro para la comunidad.

El tema, por tanto, no se resuelve solamente construyendo cárceles o soltando presos, sino evaluando cuáles son las prioridades de la política criminal del Estado y aplicando al Gobierno, a la Fiscalía y a los jueces en la tarea de satisfacer eficazmente esas preocupaciones en el marco de las exigencias de un Estado social de derecho. Lo único que no puede suceder, sin embargo, es que la ciudadanía termine presa de la incapacidad del Estado, sufriendo las consecuencias de la impunidad y de la falta de claridad en los objetivos y en la orientación de la persecución de los delitos.Twitter: @NicolasUribe