Vuelve y juega

Si bien debemos reconocer las buenas intenciones que inspiran la medida, también es menester plantear los graves errores prácticos y conceptuales que la sustentan y que probablemente harán de ella una medida popular, pero poco eficaz a la hora de mejorar las condiciones de seguridad de los bogotanos.

En primer lugar, el decreto discrimina y estigmatiza, pues considera que solamente el alcohol que consumen los pobres en las tiendas de barrio incentiva la violencia (el 57% de las tiendas de Bogotá están concentradas en los estratos 1 y 2). Los ricos que beben en bares, discotecas, restaurantes y demás parecen no ser generadores de violencia a los ojos de las autoridades, quienes con esta medida no lograrán bajar el consumo, sino simplemente desplazarlo unos cuantos metros. Aquel que no encuentre el trago que se quiere tomar en una tienda, lo conseguirá a domicilio, en la gallera, el billar o el supermercado más cercano, que no debe quedar más allá de un par de cuadras.

Además, la medida no ataca las causas más profundas de la violencia en la ciudad y desgasta la institucionalidad en combatir un fenómeno residual a la hora de analizar las causas de la delincuencia. Sólo hay que analizar en detalle las conflictividades en Bogotá para darse cuenta de que el tema del alcohol no es ni el más recurrente ni el más importante asunto en la materia. De acuerdo con Medicina Legal, sólo 51 de 1.743 homicidios ocurridos en 2010 en Bogotá sucedieron en lugares de expendio de licor, esto es el 2,9%. De igual forma, sólo el 4,2% de las lesiones personales ocurrió en estos lugares, cifra cuatro veces inferior de lo que se reporta por lesiones ocurridas en las residencias privadas con ocasión de conflictos familiares. Estudios independientes de organizaciones como Ideas para la Paz, que han investigado con precisión este fenómeno, muestran, luego de juiciosos análisis de georreferenciación de lugares de expendio y ocurrencia de hechos de violencia, que no existe correlación entre consumo de alcohol y delincuencia. Lo que requiere Bogotá para reducir de manera sustancial la conflictividad en los barrios es una política eficaz de control del espacio público, con todos sus componentes, y no un decálogo de prohibiciones.

Así pues, por la confusión de prioridades, la Policía de Bogotá, cuyo número es bastante inferior a las necesidades de casi 8 millones de habitantes, estará persiguiendo tenderos y verificando el cierre de sus establecimientos, mientras no tiene más remedio que lamentar el escape de delincuentes de todos los pelambres, conductores borrachos, atracadores de celulares y apartamenteros.

Ojalá algún día tengamos una política de seguridad en Bogotá que establezca prioridades y abandone la manía de las últimas administraciones de operar sobre el criterio de la monocausalidad de la violencia, que es el principal promotor de toda clase de prohibiciones.