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La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que sí hubo un pago de once millones de dólares para la compra de Pegasus, un software de espionaje de comunicaciones que se fabrica y comercializa en Israel.
Un escándalo similar a este, que apenas se está destapando, estalló en mayo de 1983 cuando de una cuenta del Banco de la República se desaparecieron 13.5 millones de dólares. Estaban en el Chase Manhattan Bank. El hecho ocurrió en el gobierno de Belisario Betancur, cuando el ministro de Defensa de la época, Miguel Vega Uribe, preguntó por ese dinero que estaba destinado para gastos reservados. El militar sí sabía de su existencia, pero no dónde se hallaba. Como ahora, con Pegasus, nadie daba razón, y la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Carlos Jiménez Gómez, comenzó la investigación. En desarrollo de la misma, el Ministerio Público entrevistó a Robert Rusell, uno de los implicados en el delito, y quien dio suficientes elementos para el proceso. Intervinieron sus teléfonos –a pesar de que no existía Pegasus– y allí se le oyó decir que el cerebro de la operación había sido Roberto Soto Prieto, un importante profesional hijo de un destacado periodista de la época. Ese personaje se movía muy hábilmente en el sector financiero y había sido funcionario de la Cancillería y del Banco de la República, razón por la cual sabía de la existencia de ese dinero y de las claves para llegar a la cuenta del Chase. Cuando lo identificaron, Soto estaba en Alemania, país en donde aparentemente aún vive. Burló a la justicia colombiana hasta cuando en 1993 lo detuvieron en ese país por narcotráfico y fue condenado a nueve años de prisión. En Colombia fue juzgado y condenado, pero jamás pagó por su delito y la plata se la llevó el viento.
Fue ese el mayor fraude electrónico que ha habido en Colombia, sin saberse hoy hasta dónde llega el de Pegasus, escándalo que apenas comienza porque lo mantienen sotto voce.
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