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Con la bendición o no de la ahora declinante figura de Uribe Vélez, los colombianos tendrán un acuerdo de paz antes de que finalice el presente año. Esa fue la conclusión de un foro que tuvo lugar en la ciudad de Oslo a finales del año pasado.
Entre los presentes estaban algunos de los expertos más reconocidos en el mundo de la diplomacia y las negociaciones, organizaciones no partisanas, gobiernos y académicos interesados en el tema. Según ellos, la cuestión no es si habrá acuerdo de paz, sino qué tipo de paz y cuál sociedad será el resultado de dicha paz.
La respuesta no es un asunto particular de los colombianos. Constituye una instancia, no la única, de un patrón más generalizado y visible también en África tras el otoño de la llamada “Primavera Árabe”, en el sur de Europa y el sudeste asiático. En tales casos, Egipto, Grecia y Sudáfrica, se evidencia una contradicción entre democracia y nacionalismo, y la prevalencia de un tipo de violencia política sistémica —a veces disfrazada de mera criminalidad—. Todo ello como resultado de una transición. “Transición” es el término clave. Aparece asociado a la frase “justicia transicional”, cuando se la presenta como el Camino Real hacia los logros del buen gobierno, el imperio de la ley y el fin de la violencia en una “cultura” de los derechos.
El problema, como apuntan los críticos de los procesos de justicia transicional en Sudáfrica y Chile, es que tales procedimientos y los expertos que los lideran tienden a prestar menos atención a la capacidad política de las masas populares en los países del Sur global y a concebirlas como víctimas pasivas de un pasado autoritario y malvado.
Con ello, no sólo hacen ilegible el pasado sino que además asumen la democracia determinada por una “cultura de derechos” intolerante con la militancia y el activismo del pasado, que posibilitaría el paso gradual hacia la tolerancia multicultural.
Por fuera quedan aquellos para quienes los derechos son algo más que una técnica, realizables mediante la acción colectiva de protesta. Al criminalizar dicha protesta, el Estado legitima una forma persistente de violencia contra los sectores populares en nombre del interés nacional. La transición se convierte así en el peor de los purgatorios: una intolerable paz sin cambio.
*Óscar Guardiola Rivera
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