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He venido criticando el diseño constitucional del fuero en materia penal, que desde hace varias décadas ha sido un juego en el que los aforados, fundamentalmente congresistas encartados y de conocida dudosa ortografía, han pretendido evadir a la justicia en medio de vaivenes jurisprudenciales y coyunturas políticas.
Renunciar a sus curules para intentar perder el fuero que como congresistas tienen ante la Corte Suprema para la investigación y el juzgamiento de sus presuntos delitos se ha convertido en todo un espectáculo, grotesco por demás, en el que estos “padres de la patria” empiezan diciendo una cosa y terminan haciendo otra. Sin excepción, los congresistas encartados al inicio de las primeras pesquisas manifiestan su apoyo a la investigación, su confianza en demostrar su inocencia y, claro está, su absoluta fe en la sabiduría e imparcialidad de la Corte Suprema.
Sin embargo, a medida que avanzan los procesos por corrupción, parapolítica, narcopolítica, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, compra de jueces, compra de testigos o cualquier otro delito de extrema gravedad en el que habitualmente se ven involucrados nuestros “padres de la patria”, no solo les va cambiando la cara, sino el lenguaje y sobre todo el tono.
Curioso, por decir lo menos, que casi todos pretendan evadir a la justicia que dispensa la Corte Suprema renunciado a sus curules en el Congreso para quedar en manos de un fiscal y un juez comunes y silvestres. Según esos congresistas, renunciar al privilegio de ser juzgados por la Corte se debe a la parcialidad y falta de garantías, que tan solo advierten al momento de las imputaciones, indagatorias y detenciones preventivas.
En medio de estas renuncias y los traslados de los expedientes de aquí para allá, al país le queda un sinsabor institucional. Ahí pierden todos: la Corte, la Fiscalía, el Congreso y sobre todo la lucha contra la corrupción.
En el último año han renunciado a sus curules varios congresistas. Álvaro Uribe, procesado por manipulación de testigos, fue el primero en renunciar una vez la Corte ordenó su detención preventiva, aunque previamente había jurado que no lo haría: tan valiente en las palabras y tan cobarde en los hechos. Lo propio hizo el folclórico senador Eduardo Pulgar, detenido por intentar comprar a un juez para torcer una decisión judicial a favor de un amigo suyo. Después renunció Álvaro Hernán Prada, representante huilense involucrado en el mismo escándalo de su patrón Uribe. Posteriormente, fue el representante José Edilberto Caicedo, detenido por orden de la Corte por celebración indebida de contratos cuando era alcalde de Zipaquirá. Y para terminar esta “prestigiosa” lista, renunció el sonriente senador Richard Aguilar, quien como ave de rapiña habría recibido millonarias coimas para obras públicas mientras fue gobernador de Santander.
Uribe y Caicedo lograron que sus procesos se fueran a la Fiscalía. A Pulgar y Prada la Corte Suprema les ratificó su competencia porque sus presuntos delitos guardan relación con su desempeño como congresistas. Seguramente en el proceso del exsonriente Richard Aguilar el caso irá a parar a la Fiscalía, al igual que el que ya se anuncia en relación con su socio político, el representante Edwin Ballesteros, involucrado en las mismas coimas que Aguilar.
Se requiere una reforma constitucional para establecer que el fuero que tienen los altos funcionarios es irrenunciable. Debe considerarse que el fuero no es solo un privilegio del procesado, sino también que está dado por razones de orden público superiores, como por ejemplo permitir el juzgamiento de esos altos funcionarios solo por la cúpula del Poder Judicial, para proteger no a los titulares del fuero sino el recto funcionamiento de los poderes públicos y evitar que cualquier fiscal o juez termine dictaminando sobre su legal o ilegal comportamiento, pues ello trasciende el interés público en mayor medida que si se tratase de cualquier otro ciudadano. De lo contario, el fuero seguirá siendo un juego.
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