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Cuando el Congreso –máxima expresión del debate democrático– decide archivar una reforma, lo hace como producto del diálogo político, del análisis y, en últimas, del ejercicio legítimo del poder legislativo que representa.
Saltarse una decisión del Congreso –como ahora pretende hacerlo el gobierno de Petro– mediante una consulta popular, supuestamente, para revivir su naufragada e inconveniente reforma laboral, no es solo un atajo institucional sino también una falta contra la arquitectura institucional y democrática del país que transgrede la independencia de los poderes públicos. Adicionalmente, de darse esta consulta, se estaría formando un pésimo antecedente que terminaría por hacer del ejecutivo el tirano de los poderes públicos en la medida en que cada vez que al presidente no le aprueben una reforma, estaría tentado a convocarla, en vez de pasar la página y gobernar.
La reforma laboral fue discutida, evaluada y rechazada en el Congreso. En un Estado de Derecho ese sería el punto final. Pero al presidente Petro pareciera que las reglas del juego solo le valen cuando le son favorables. En lugar de insistir a través de los canales institucionales, ahora recurre a un mecanismo excepcional y no diseñado como “rabonada” para resucitar proyectos que ya fueron derrotados en el parlamento.
La consulta popular no es, en este caso, una herramienta de participación, es una herramienta de campaña. El calendario electoral de 2026 ya está en marcha. ¿Qué mejor vitrina para impulsar los candidatos del gobierno al Congreso y a la presidencia que una consulta de alto contenido emocional –y cuidadosamente redactada para enamorar a los votantes– para construir una narrativa de héroe popular a las puertas de ese proceso electoral y sin limitación presupuestal alguna?
Y es que ese concepto de “el pueblo” que el presidente tanto ha instrumentalizado para alimentar sus discursos radicales es una simple disculpa de campaña. Este es un nuevo intento para poner de su lado a sectores inconformes a base de promesas imposibles de cumplir. No es coincidencia que las preguntas propuestas para la consulta laboral estén formuladas de manera seductora, demagógica. ¿Qué trabajador podría oponerse a que se le pague un recargo por trabajar domingos y festivos? ¿O a que se le pague jornada nocturna desde las 6:00 p.m.? Nadie que pueda recibir ese beneficio, pues una cosa es recibirlo y otra es pagarlo.
La pregunta entonces no es si esos derechos son deseables. La pregunta es si el país está en condiciones económicas y productivas de asumir esas cargas, y si ese debate puede reducirse a un sí o a un no, sin matices, sin análisis técnico, con corazón pero sin razón, sin la mediación deliberativa del Congreso.
El Banco de la República ha expuesto que el sobrecosto que traería la reforma podría tener impactos negativos como la pérdida inmediata de medio millón de empleos y la dificultad hacia el futuro de enfrentar la problemática de la informalidad y la reducción del desempleo.
Este tipo de consultas distorsionan el debate público y deslegitiman las instituciones. El Congreso no es un obstáculo, es un equilibrio. El presidente debería tener claro que gobernar no es imponer, es persuadir. Si su reforma laboral no logró consensos legislativos, la salida no puede ser una consulta que, más que una expresión de voluntad popular parece un ensayo general de campaña.
Por eso, el Senado tiene hoy una responsabilidad histórica. Está llamado a negar la consulta. El Congreso está llamado a poner límites. No todo se vale en nombre del pueblo. La democracia también se defiende diciendo no. Y en este caso, decir no es proteger la separación de poderes, la integridad institucional y el sentido mismo de la participación.
Un gobierno no puede funcionar a punta de pulsos. El que un mandatario pretenda acudir a mecanismos extraordinarios erosiona la democracia y constituye un abuso autoritario que suena más a “rabonada populista” que a consulta popular.
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