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La semana pasada fue contundente contra quienes hoy en día se creen portadores de la verdad y, sobre todo, dueños de una deteriorada moral y una ética incongruente. Me refiero a la resolución de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que con relativa determinación decidió imputar cargos a la plana mayor del secretariado de las FARC-EP, tras más de cinco años de ardua investigación por hechos relacionados con diversos delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes durante varias décadas de una degradante lucha subversiva.
En efecto, la JEP imputó cargos a Rodrigo Londoño (alias Timochenko), Jaime Alberto Parra (alias El Médico), Milton de Jesús Toncel (alias Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo (alias Carlos Antonio Lozada). Según el tribunal, el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes fueron sistemáticos y se extendieron a todos los frentes de las FARC-EP, bajo las órdenes y el conocimiento pleno de su junta directiva. Esta organización, además de subversiva, estaba dedicada al narcotráfico y al terrorismo.
Los delitos señalados en la imputación abarcan gran parte de la codificación penal. El reclutamiento y uso de menores de edad en el conflicto armado incluyeron violaciones, desapariciones forzadas, homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como abortos y otros vejámenes.
Aunque la lista de crímenes parece interminable y las víctimas, en un conteo inicial y preliminar, suman 18.677 niños, niñas y adolescentes violentados por la pavorosa guerrilla de las FARC-EP como parte de una política incrustada en su ADN revolucionario, lo cierto es que la JEP no ha revelado nada que los colombianos no supiéramos ya. Tampoco nos ha dado cifras que nos aterren; esto lo conocíamos todos, salvo los hampones no arrepentidos de las FARC-EP, muchos de los cuales se camuflan bajo la absurda tesis de que estos actos son “normales” en una guerra.
Lo que sí resulta sorprendente es que muchos miembros de las FARC-EP, o quienes hoy hacen política desde su partido Comunes, hayan decidido pasar de agache ante tanta crueldad e infamia. Se niegan a aceptar responsabilidades o minimizan sus acciones, a pesar de que este país, aún dolido por sus fechorías, aceptó perdonarlos en un proceso de paz en el que la sociedad y las víctimas han mostrado más benevolencia que verdadero arrepentimiento por parte de los victimarios. A pesar de sus imperdonables crímenes, algunos de ellos parecen sentirse orgullosos de sus actos, pretendiendo incluso dar cátedra de comportamiento ejemplar mientras intentan lavarse las manos ensangrentadas y limpiar sus cerebros corrompidos.
Muchos colombianos que apoyamos la paz sentimos, además de remordimiento, un enorme resentimiento. Esto surge del hecho de que varios miembros de las FARC-EP no muestran el menor grado de arrepentimiento y se niegan a pedir las disculpas que exigen con vehemencia a otros actores del conflicto. Son muy nobles para exigir disculpas, pero muy soberbios y ciegos para ofrecerlas.
Después se preguntan por qué esta sociedad, más allá de los acuerdos políticos y beneficios jurídicos, se niega a abrazarlos y aceptarlos. Mientras no haya hechos reales de reconocimiento, perdón y arrepentimiento por parte de los firmantes del acuerdo, la paz, aunque esté firmada, estará lejos de ser duradera y comprensible para todos los colombianos.
Esperemos que la JEP sea tan contundente con las FARC-EP como lo ha sido con otros actores del conflicto. Ese tribunal no debe inclinar la cabeza ante nadie ni tampoco la balanza, pues además de ser imparcial, debe parecerlo.
Por ahora, nos queda la certeza, ya ratificada, de que en las FARC-EP reinó el horror y la barbarie. Los colombianos nos negamos sistemáticamente a que estos cobardes delincuentes nos den lecciones de nada.
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