Las inhabilidades: gran debate

Como introducción, es importante indicar que en Colombia varias leyes expedidas por el Congreso (origen popular) y avaladas por la Corte Constitucional prevén inhabilidades para ejercer cargos públicos, incluso de elección popular (presidente, congresista, gobernador, alcalde, diputado, concejal o edil) por decisiones adoptadas por autoridades independientes del poder ejecutivo, pero al fin y al cabo autoridades, tales como la Procuraduría o la Contraloría.

El artículo 38 del Código Disciplinario Único es clarísimo en tipificar como inhabilidad para ejercer cargos públicos haber sido declarado fiscalmente responsable. Esta norma fue encontrada ajustada a la Constitución por la Corte Constitucional en la sentencia C-101 del 24 de octubre de 2018, precisando que esta inhabilidad cumple una finalidad razonable de cara a la función ejecutiva o legislativa en bienestar del interés general.

Así las cosas, la existencia de tal inhabilidad es cosa juzgada constitucional y, por ende, debe ser acatada por todos, salvo que se cambie la ley.

Hay que partir de una realidad. En Colombia, autoridades como la Procuraduría y la Contraloría han sancionado e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, de designación o de elección popular, a miles de ciudadanos, entre ellos, muchos corruptos o irresponsables que algún día fueron ministros, congresistas, alcaldes o gobernadores, es decir, políticos que tienen o tuvieron votos, muchos o poquitos, pero al fin y al cabo votos, es decir, respaldo popular.

Y es ahí en donde debemos pensar como país a dónde queremos llevar este debate, y como sociedad contestar varias preguntas, repito, pensando en el interés general y no en una persona en particular.

¿En realidad queremos que esas personas, no obstante tener sanciones disciplinarias o fiscales vigentes, puedan ser candidatos en futuros procesos electorales? ¿Queremos reencauchar a políticos por tener votos y seguidores, pero que ya fueron sancionados, fueron corruptos o inferiores a sus deberes como servidores públicos?

Este es el real debate, lo demás es coyuntural, caudillismo o politiquería de izquierda o de derecha.

Por mi parte, quiero un país con servidores públicos sin tacha, en el que la ley se aplique a todos por igual, incluyendo caudillos sancionados o políticos de menor rango. Lo verdaderamente democrático es la ley para todos y por encima de intereses particulares.

Solo con decisiones institucionales y no personales o sastre lograremos consolidarnos como democracia. Si quieren cambien la Constitución y la ley, pero mientras tanto, hagámosla respetar.