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Salvo contadas excepciones y a un mes de la elección de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles, la actividad política y lo que la rodea despliegan un sentimiento generalizado: la desesperanza.
Este país no evoluciona políticamente, no cambia. En materia electoral, todo es, al parecer, igual o peor que antes. La política regional, sobre todo, se ha convertido en el pozo séptico de la sociedad colombiana y, en consecuencia, allí se congrega lo más sucio de los más sucio. Todo es nauseabundo, huelen mal las personas y sus mañas.
Hace algunas décadas la mafia de la droga se tomó la política. Y la justicia y alguna parte importante de la sociedad desataron una importante lucha contra esa narcopolítica, pero al final la perdimos porque el fenómeno se enquistó. Hoy, en algunas regiones, siguen gobernando y aspirando a hacerlo esos mismos narcopolíticos, tanto los que fueron señalados como los que resultaron condenados. Lo hacen directamente o por interpuesta persona. Socios, hijos, esposas, viudas, hermanos, cuñados o yernos se han convertido en sus herederos o testaferros políticos, prolongando su penosa existencia dedicada a hacer todo aquello que redunda en su propio beneficio y en el de sus clientelas y, obvio, en perjuicio de la sociedad y las finanzas públicas.
También, la justicia y la sociedad lucharon contra la parapolítica y, en aras de la brevedad, esa lucha también se perdió. Las herencias de esta lesiva mezcla están aún, en muchas regiones, tan presentes como en las peores épocas. Los parapolíticos no se han ido, no han abandonado el poder. De hecho, el presidente eterno y otros importantes líderes y partidos políticos han sabido consentirlos, defenderlos y, por ende, multiplicarlos.
Es triste ver cómo la esperanza no aparece. En las regiones se vive lo peor de la política. Allí siguen funcionando las maquinarias, la corrupción galopa, el voto de opinión no es relevante y la sociedad poco los recrimina; incluso, en algunos círculos sociales hasta admiración les profesan a los corruptos. Durante las campañas se parcelan e hipotecan los distintos sectores del gobierno local en la búsqueda de financiadores. Los adjudicatarios saben después multiplicar lo “invertido” cuando tienen la posibilidad de administrar los recursos públicos, perdón, de robárselos. Son empresas criminales, mafias de la política y saqueadores del erario que se reproducen como ratas, porque eso son.
A este angustioso panorama de clanes políticos, con claro origen paramilitar, mafioso, clientelista, corrupto y saqueador, se suman, de una parte, las irregularidades en la financiación de las campañas, los ingresos no reportados, el volarse los límites de financiación y el trasteo de votos o trashumancia revelados por las autoridades; y, de otra parte, las amenazas y asesinatos de líderes y candidatos, que han hecho de este debate un retroceso.
No hay que guardar muchas esperanzas en el próximo proceso electoral porque, salvo contadas excepciones, da tristeza insistir en que estamos en presencia de más de lo mismo y, quizás, de lo más torcido de lo más torcido.
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