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Empieza el año 2026 y las noticias no son buenas. A la emergencia económica y al desmedido y arbitrario aumento del salario mínimo legal, que solo beneficia a unos pocos y perjudica al 100 % de la población colombiana y el sector productivo público y privado, así como al funcionamiento del sector oficial, se suma la improvisación que en materia económica ronda al presidente por estos días de ocaso de su desteñido y corrupto gobierno.
Al enlistado presiente Petro, populista e irresponsable hasta el tuétano, lo del salario mínimo le salió por la culata, pues en el mar de la ignorancia en que vive, le llegó una marea arrolladora de bienes y servicios que de forma directa o cuasi directa están vinculados al incremento porcentual anual del salario mínimo.
Fruto de esa improvisación pretende gobernar con mensajes a Raimundo y todo el mundo (las propiedades horizontales, los servicios públicos, los arrendadores, entre otros). Seguramente serán concretados en las próximas horas a través de decretazos abiertamente inconvenientes o ilegales, amén de utilizar a los organismos estatales de inspección, vigilancia y control (policía administrativa) para que desnaturalicen sus funciones e investiguen a todo aquel que suba precios por encima, no de las condiciones de mercado, sino del capricho y las aspiraciones dictatoriales de Petro, y lo que él cree son la economía de mercado y la libre competencia económica.
Aterrador, por decir lo menos, es el trino que el presidente envió el pasado lunes en el que, sin ocultar su ignorancia y sin sonrojarse, dio órdenes a la Superintendencia de Industria y Comercio de convertirse, palabras más palabras menos, en un “Superintendencia de Precios” al escribir refiriéndose al aumento de precios de los diferentes bienes y servicio que “Por eso se actúa ya investigando con la superintendencia de industria y comercio toda empresa que suba irracionalmente sus precios al cliente. La ciudadanía puede denunciar esas empresas a la superintendencia”.
El presidente a lo largo de su carrera ha dicho y ha ejecutado todo tipo de disparates en materia económica y es un violador de la libre competencia económica con antecedentes sancionatorios que el país no olvida –como en el caso del esquema de basuras de Bogotá por allá en el año 2012–, pero lo de ahora es ya un caso tan solo igualable a los actos de Hugo Chávez con decreto en mano anunciando los precios máximos de venta de varios productos en Venezuela. Esto, a la postre, llevó a la quiebra del sector productivo, al aumento desmesurado e infernal de la inflación, a la escasez, al desabastecimiento y a la ruina total.
La única verdad de esta novela de terror en la que llevamos sumergidos 1.256 días es que tan solo le restan 205 días para terminarse. Sin embargo, el país necesita que esta pesadilla Petro no se extienda ni un segundo más allá del 7 de agosto de 2026 a las tres de la tarde. Lo que urge es aguantar de aquí hasta allá con la segura esperanza de que los controles del sistema de pesos y contrapesos nos permitirán resistirlo, pero, al mismo tiempo, que esta democracia se exprese en las urnas rechazando categóricamente lo que no ha sido un gobierno sino un circo.
Colombia y los colombianos nos merecemos un presidente para todos, cuerdo, sensato, preparado y serio, que de una vez por todas nos permita eliminar la payasada, la improvisación, el populismo y la arbitrariedad características estas sí inolvidables del “gobierno del Cambio”.
PD. La Universidad Externado debería pedirle simbólico perdón a Colombia y a los colombianos por haberle otorgado algún día a Gustavo Petro un diploma de economista. Se me hace inverosímil que Petro haya ido algún día a clase, posiblemente fue, pero a tirar piedra y a hablar carreta en la plazoleta de la Universidad.
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