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Un funcionario está obligado a entender que los recursos públicos son sagrados, que su manejo requiere de la mayor transparencia y que, escasos o no, ellos deben ser rigurosamente custodiados por el simple hecho de que no le pertenecen ni al funcionario encargado de gastárselos, ni a quien lo nombró, ni a su jefe político. Ni siquiera, al presidente.
Los recursos públicos le pertenecen a la sociedad. Quien los maneja lo hace, simplemente, en cumplimiento de un mandato de confianza y probidad conferido por millones de colombianos. Y, por obvio que parezca, ese mandato sobre el manejo de los dineros públicos jamás ha sido el de “róbenselos, regálenlos o dilapídenlos”. Tristemente, algunos funcionarios, encopetados o no, están convencidos de lo contrario: creen que esa plata pública está destinada al saqueo, al derroche y a pagar favores.
Dentro de los funcionarios que creen que el mandato que ejecutan es el de “róbenselos, regálenlos o dilapídenlos” se encuentra la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien ha tenido un desempeño indigno, más allá de lo vergonzoso.
El país recuerda, con rabia, que a la ministra Orozco se le ocurrió la “genial idea” de regalarles a los bancos de Luis Carlos Sarmiento y a sus corruptas empresas constructoras más de $1 billón por cuenta del contrato de la Ruta del Sol 2, “ganado” por Sarmiento y su socio Odebrecht a través de coimas en el gobierno Uribe. Este intento de saqueo del erario, liderado por la ministra Orozco, solo se vio frustrado gracias al escándalo que en su momento impulsó la columnista María Jimena Duzán, al que posteriormente nos sumamos millones de colombianos en una cruzada de dignidad nacional contra la vagabundería de la ministra y del gobierno Duque.
Como si lo anterior no fuese suficiente, hace un par de días la ministra Orozco quedó involucrada en otro escándalo de corrupción por cuenta, esta vez, del periodista Daniel Coronell, quien la acusa de camuflar o simular la suscripción de un contrato estatal a través de la Agencia de Seguridad Vial por más de $900 millones con la firma Praesidium SAS (bien hubiera podido llamarse “Presidium”), propiedad de Carlos Arturo Escobar Marín, un exconvicto (otro) relacionado con el expresidente Uribe y viejo conocido de la ministra Orozco.
Según Coronell, ese contrato era una fachada para, a través de una campaña de prevención vial que nadie vio en ninguna parte, desviar recursos para sufragar la bodega de tuiteros uribistas y otros proyectos en redes con el fin de defender a Uribe, al gobierno Duque y atacar a sus críticos.
La ministra Ángela María Orozco hace parte de esos funcionarios a los que poco les interesa la ética, que consideran que el servicio público no es para ser útil sino importante y que el truco está en servir a los intereses de sus poderosos jefes, socios y amigos, sin que importe atropellar el mandato de pulcritud que rodea el manejo de los dineros públicos, como si sobre ellos pudiera decirse “róbenselos, regálenlos o dilapídenlos”, como en su momento lo creyó Andrés Felipe Arias, por citar un ejemplo.
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