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En el programa del presidente Duque, Prevención y Acción, al que estamos eternamente sometidos todos los días y en el que él dice de todo, incluso hasta cosas importantes, se anunció que el 20 de febrero de 2021 iniciará el tan anhelado plan de vacunación contra el COVID-19. Esperemos que se cumpla, por el bien de todos, y que conduzca a la masiva inmunización de los colombianos en el corto plazo, no a la de unos pocos en el largo tiempo.
Sin embargo, al lado de la actual pandemia, Colombia vive (ha vivido) otra: la corrupción. Día tras día, sin sorpresa para nadie, se destapa un escándalo más en cabeza de algunos “distinguidos” servidores públicos y empresarios que se precian de ser el motor del desarrollo de este país, cuando en realidad los unos y los otros no son más que sanguijuelas listas para desangrar el erario. Pero aquí no pasa nada: todos olvidamos y votamos por los mismos e incluso seguimos contratando a las mismas empresas.
Para una muestra de la rampante y descarada corrupción de la que Colombia ha estado eternamente contagiada, basta ver los resultados del último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, en el que Colombia figura en el puesto 92 entre 180 países, escalando tres insignificantes puestos con respecto al informe anterior. Nada que celebrar: la corrupción sigue estando en el menú del día.
Para nadie es un secreto que la política maneja buena parte de la contratación estatal, poder que está en manos de clanes políticos que se heredan de amigo en amigo, de generación en generación y de pariente en pariente. Al final pasa lo mismo: no solo somos un país que se percibe como corrupto sino que es corrupto (ojalá fuera solo percepción).
Así como la pandemia del COVID-19 nos priva de disfrutar la vida en comunidad, la pandemia de la corrupción nos quita $40 o $50 billones al año (según cifras tanto del anterior como del actual contralor), que nos privan de vivir en un mejor país. Muy diferente habría sido el manejo del COVID-19 si contáramos con los recursos saqueados por los corruptos. Hoy no veríamos el déficit de UCI y de ayudas económicas para aquellos golpeados por la crisis, o sencillamente los ciudadanos tendrían un ingreso solidario asegurado por un monto útil y no por una cifra irrisoria.
Ahora bien, como dice el adagio popular, toda situación es susceptible de empeorar. Colombia no tiene un panorama alentador hacia el futuro. Este Gobierno, que en campaña repetía como loro mojado el eslogan “Paz con legalidad” y que supuestamente no repartiría “mermelada”, puede preciarse de todo lo contrario: no ha hecho nada efectivo para combatir la corrupción.
Esta administración ha dilatado todas las iniciativas de la consulta anticorrupción. Incluso crea fondos o subcuentas poco transparentes para manejar la pandemia, sin que Colombia sepa a ciencia cierta cómo se han invertido los recursos durante la crisis, lo que no se limita a la no publicación de los contratos suscritos con las farmacéuticas.
Si por el Ejecutivo llueve, en las otras ramas del poder público no escampa: más senadores vinculados a casos de corrupción, como Eduardo Pulgar y el clan Aguilar, y jueces vendiendo fallos judiciales en las altas cortes, como los del cartel de la toga y el caso de Jorge Pretelt.
Por eso, además de la vacuna contra el COVID-19, Colombia necesita con urgencia una vacuna contra la corrupción, y la mejor manera para encontrarla comienza por castigar mediante el voto a esos clanes, partidos y políticos que solo quieren adueñarse de lo público a través del miedo.
Ojo con el 2022, que debe ser el año en que empiecen a llegar las verdaderas vacunas contra la corrupción. Este también es un propósito nacional inaplazable.
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