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La nueva licitación de basuras será firmada en agosto y tiene la meta de reducir las tarifas de aseo en un 19%. Si se estudian los pliegos no es claro cómo van a lograrse esos ahorros; lejos de dar libertad a los contratistas para que con su experiencia busquen los mecanismos más eficientes y económicos para realizar la gestión, los pliegos establecen detalles técnicos muy específicos. Así la posibilidad de que las empresas utilicen know how o intenten mejores tecnologías quedó en el práctica anulada.
La licitación, por ejemplo, exige carros de recolección nuevos con tecnología satelital que permita saber en tiempo real dónde están los camiones, cuáles contenedores están recogiendo, cuánto pesan. Además, censores para conocer velocidad, revoluciones del motor, desgaste de las llantas… Todos los trabajadores del servicio de aseo deberán tener herramientas para estar conectados al sistema de información SIISA en tiempo real. Poder verlo todo en tiempo real parece atractivo, pero en la práctica me quedan dudas sobre su utilidad. ¿La UAESP va a tener empleados vigilando noche y día? ¿Para qué es necesario saber cómo están las llantas minuto a minuto? Las cosas por novedosas y tecnológicas que sean no siempre son las mejores, sobretodo si eso no tiene una razón clara que justifique nuevas inversiones. Y precisamente sobre el tema de que las cláusulas tengan sentido, hay una que parece especialmente compleja, llamada de reversión. Según esa, al terminar el contrato -que durará 8 años- todos los bienes utilizados o afectados por el contrato deberán pasar a la propiedad de la UAESP. Hablamos de que los camiones, maquinas, equipos… deberán pasar a manos del Distrito. Incluso dice la cláusula que el hardware y software del sistema de información deberán funcionar por una año adicional de forma gratuita. La redacción de la cláusula da para que los contratistas, al finalizar el contrato, tengan que comprar todo aquello que hayan usado por subcontratación o leasing u otras formas de uso que no impliquen propiedad. ¿Para qué? ¿Asumirá el Distrito entonces la recolección y aseo? No se me ocurre ninguna explicación para que el Distrito reciba todo esto, más aún cuando el sentido de una licitación es precisamente no tener que comprar toda aquella maquinaria sino contratar la prestación de un servicio de manera eficiente y con costos menores que los que implicaría la administración directa por el Estado. Esos bienes no son un regalo, su pago tendrá que ser recargado a los usuarios, tendremos que pagarlo en las tarifas sin que parezca necesario. El manejo del reciclaje es otro tema curioso. El distrito seleccionó 12 de las 14 asociaciones de recicladores en estado de vulnerabilidad que se presentaron. A estas les asignará, pareciera que por sorteo, un área se servicio exclusivo, de las 6 en las que está dividida la ciudad, y tal vez habrá dos asociaciones por zona. Los recicladores tendrán que ser socios de la empresa de servicios público que gane la zona; cada ESP entregará acciones de industria a los recicladores. Si bien parece positivo que sean tenidos en cuenta y tomen parte formal en el negocio; lo que es extraño es que se fuercen vínculos asociativos por la sola la coincidencia en el área, pues las sociedades no son fáciles y la permanencia armoniosa durante 8 años exige más que la obligación legal. Las licitaciones deben contratar la prestación de un servicio y fijar las condiciones de calidad y regularidad que se requieran (qué y cuánto), pero dejar que sean los particulares quienes escojan cómo lo harán. Así los riesgos de la operación son enteramente de las empresas y estas pueden utilizar novedades para cumplir mejor. Las licitaciones tan detalladas son difíciles y crean oscuridad; por una parte las evaluaciones son complejas y luego las fallas del servicio se le cargan a las exigencias que hace la administración y la evaluación se concentra en eso y pierde el objetivo principal: buen servicio a buen precio.