¿Ley general y justicia a la medida?

Conocí un caso donde una persona se quejaba de que una CAR le hubiera impuesto multas y estuviera adelantando un proceso mediante el cual le harían demoler una construcción que tenía demasiado cerca de un río. El argumento del quejoso era que el Director de la CAR tenía una abierta enemistad con él; así lo mostraba con documentos. Presentaba, además, una cantidad de fotos y planos que dejaban en claro que su construcción era exactamente igual a todas aquellas que estaban alrededor; con la única diferencia de que sólo la suya estaba en un proceso sancionatorio. Era evidente que el quejoso y todos los vecinos estaban violando la ley, él lo sabía pero consideraba una injusticia que se le aplicara con rigurosidad cuando al resto de los vecinos no se les exigía su cumplimiento.

Este caso pone de presente una cuestión que es muy usual en Colombia; la debilidad institucional conlleva a que la ley no se aplique a todos. Más aún, en algunos casos la mayoría la incumple y la autoridad no se muestra interesada en hacerla obligatoria o simplemente no logra hacerlo de manera efectiva. El resultado es que la ley entra en un estado latente, donde a pesar de existir no se aplica. El fenómeno curioso es que de vez en cuando el Estado decide aplicarla y sancionar a un pequeño grupo o a un solo individuo; estos se sienten vulnerados y consideran la decisión injusta.

Coincido en que estas aplicaciones esporádicas y parciales revisten un tinte de injusticia innegable. Pero, desde otra perspectiva, cuando los Estados son débiles la aplicación de las normas puede ser progresiva, y en esa medida necesariamente ha de hacerse de manera parcial, este podría ser el caso colombiano.

Sin embargo, a veces parece que estamos ante algo mucho más grave. El país es prolífico en leyes, tanto que muchas, muchísimas, están en ese estado latente; nadie las obedece e incluso la costumbre social es adversa. Entonces un funcionario que tiene poder decide hacer uso de esa norma; no lo hace como un paso para la aplicación cabal de la ley, sino como un mecanismo para perseguir a un ciudadano por razones personales.

La historia conoce bien los casos donde se hacían leyes a la medida y con ello lograban reducir enemigos y opositores. La división de los poderes apareció, al menos de manera teórica, para evitar esos usos tiránicos; así que ahora mientras una rama crea las normas, otra distinta las aplica, y así se reduce la arbitrariedad. Los principios del derecho abogan para que la ley sea previa y general, y evitar que el Estado se convierta en una herramienta para perseguir a unos pocos.

Lo que está pasando en el país puede ser una nueva modalidad de tiranía; da la impresión de que la inoperancia del Estado se convierte en una perfecta excusa para usos esporádicos de las normas; y esconde que quienes son sujetos de la norma están siendo seleccionados intencionalmente. En este contexto es entendible porque muchos ciudadanos consideran que los funcionarios públicos tienen la potestad de perseguirlos a su arbitrio.

La justicia no es sólo que la ley exista y se aplique; es necesario que su aplicación no sea selectiva. El Estado no puede utilizar las herramientas legales para combatir los enemigos personales de los funcionarios o las fuerzas adversas a los gobiernos. La ley es para todos y las entidades no pueden excusarse en su propia negligencia para escoger cuándo y a quién se las aplicarán.