Mujeres y niños con derechos en construcción

Las agresiones contra las mujeres son habituales y lo más preocupante es que el responsable -en la mayoría de los casos- tiene un vínculo cercano con la víctima. Según lo reporta Medicina Legal de 11.024 casos de mujeres víctimas del delito sexual; 4.110 fueron cometidos por un familiar, 792 por la pareja o ex pareja, 2.043 por un agresor desconocido.

El caso de los niños también es abrumador; según el Dane los niños, niñas y adolescentes que alguna vez se sintieron incómodos por haber recibido toques en alguna parte de su cuerpo de manera sexual sin que lo desearan, representan el 26,5%, cifra que es más alta para las niñas, con un 31,4%. El ICBF señaló que para el 2011 hubo más de tres mil denuncias por delitos sexuales contra niños. Las estadísticas nacionales muestran que son principalmente agredidos sexualmente por personas conocidas. Alarma que los contextos familiares sean el escenario para la mayoría de los casos; padrastros, tíos, abuelos y padres se convierten en los agresores más frecuentes. A esto se le suma la cascada de sanciones que he impuesto la Procuraduría General de la Nación a docentes públicos por abusos de autoridad y abusos sexuales.

Tenemos incrustado el mal en la familia y el colegio, dos núcleos fundamentales sobre los cuales la sociedad se construye. Ello implica superar la visión simplista que pretende solucionar los problemas a través de reformas legales. Somos prolíficos en normativa, pese a lo cual las conductas proscritas siguen siendo habituales. La ley por sí misma tiene poco poder a la hora de moldear las conductas. La ley no obliga; sólo el ciudadano –individualmente- es capaz de imponerse límites.

Los mecanismos mediante los cuales la ley adquiere poder sobre los sujetos son variados. La prohibición es el primer caso; algunos ciudadanos respetan la ley y por su sola existencia se sienten compelidos a cumplirla. Sin embargo, la mayoría interpreta la ley como un incentivo; hay un cálculo –casi matemático- sobre como comportarse a partir de los presupuestos legales. Así por ejemplo, una persona a la hora de actuar evalúa los incentivos legales que promueven o desestimulan ciertas conductas. En esta evaluación aparecen componentes como la probabilidad de ser capturado, la probabilidad de ser condenado, la severidad de la condena…

Todas estas son muy bajas en Colombia. Los ciudadanos casi no denuncian, si lo hacen, el implicado difícilmente es capturado, con muy baja probabilidad será condenado y si lo fuera, en la mayoría de los casos logra con facilidad su libertad. Es decir, las normas en Colombia pretenden ser obligatorias solo por su valor formal. Tienen una existencia simbólica.

El caso de Rosa Elvia lo evidencia. Velasco, el presunto responsable, según indican los medios, había asesinado a otra mujer, y pese a ser condenado fue dejado en libertad con el compromiso de asistir a alcohólicos anónimos. La tendencia es exculpar a los criminales por sus actos cuando se cometen en estado de alicoramiento o bajo el influjo de las drogas; como si su uso no agravara la conducta sino que le restara responsabilidad al delincuente. Más aún, es sorprendente el hecho de que Velasco tuviera una orden de captura en su contra y sin embargo pudiera estar matriculado, con nombre y número de cédula, en un colegio. Hace falta integrar todos los estamentos sociales para que los perseguidos por la justicia puedan ser encontrados de manera eficiente.

Estos son sólo algunos de los defectos más protuberantes; debe repasarse toda la estructura para que las normas tengan una eficacia real. La justicia debe actuar de manera contundente, ello significa que las amenazas que establece la ley para desalentar ciertas conductas tienen que materializarse una vez la conducta se presenta. Y lo que es más importante, la sociedad debe interiorizar los valores que pretenden defender las normas; se requiere sensibilización y educación.

@PalomaValenciaL