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El Salvador tiene 110.000 personas en la cárcel. Eso significa 1.086 presos por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta del mundo. Detrás están Cuba, Ruanda y Estados Unidos, que tiene 531 presos por 100.000 habitantes. Nayib Bukele está orgulloso de ese indicador, las cárceles son su gran obra de infraestructura y el abuso a los presos su bastión social y su vitrina internacional. Las escenas del maltrato iluminado y simétrico en las cárceles son la muestra de un gobierno trastornado. Los más de tres años de estado de excepción han permitido que las detenciones sean un proceso sencillo, una confirmación a simple vista más que un proceso judicial. Ir a la cárcel depende de un check list expedito. “… me llevaron a una audiencia virtual en la que fui procesada junto con otras 300 personas. En ningún momento, ni antes ni durante la audiencia, pude hablar o tener acceso al abogado público que la ‘Procu’ me asignó. En el juicio no tuve chance de hablar, nunca le vi la cara al juez. Todo pasó muy rápido”, las declaraciones dadas para un informe de Amnistía Internacional son de una mujer detenida en 2023.
El presidente de El Salvador nunca imaginó que sus maneras se iban a convertir en un referente para la guerra del presidente Trump contra los migrantes. Un referente y un refugio, un limbo adecuado para burlar la ley, una mazmorra conveniente. Estados Unidos ha comenzado a usar las mismas tácticas de Bukele para deportar migrantes. Identificar tatuajes, maneras de vestir, comentarios o fotos en redes sociales, llamadas o correos sospechosos como pruebas para identificar a migrantes como delincuentes. El sistema tiene su lado pueril. Se asignan puntajes dependiendo de las respuestas afirmativas en una planilla llamada Guía de validación de enemigos extranjeros. Tener tatuajes que puedan mostrar que pertenece o es leal al Tren de Aragua entrega cuatro puntos; portar insignias, logos, anotaciones, dibujos o vestimenta que indican lealtad al grupo también da cuatro puntos y así hasta llenar 20 casillas. Si usted obtiene menos de nueve puntos es sospechoso de pertenecer a una organización criminal y si obtiene 10 o más puntos estará graduado como pandillero.
Trump ha dado un paso adelante y ahora los interrogatorios a los deportados los hacen empleados de empresas privadas. El 70 % de los migrantes detenidos están en manos de corporaciones. Geo Group y CoreCivic son las dos más grandes y, con la llegada de Trump a su segundo periodo, el precio de sus acciones creció un 90 % y un 50 % respectivamente. Esta semana se conoció el caso de Andry José Hernández, un venezolano deportado a El Salvador por obtener el puntaje que lo marcó como sospechoso. Esto decía la anotación en su formulario: “Tras revisar sus tatuajes, se descubrió que tenía una corona en cada muñeca. Esta corona se ha encontrado como identificador de miembro de la pandilla Tren de Aragua”. Las coronas son una alusión a la fiesta de los reyes magos y a su papá y su mamá. Hernández no tiene anotaciones criminales en ningún país. Ahora el Estado solo pone el tiquete del deportado, un contratista privado hace lo demás.
Pero falta llegar a la mazmorra transnacional. Allí no hay quién garantice derechos. Ahora están bajo el régimen de excepción de Bukele que presta sus servicios de abuso. La Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado devolver al país a algunos de los deportados a El Salvador. Bukele responde que no tiene esa potestad y el gobierno Trump dice que “no tiene autoridad para extraer por la fuerza a un extranjero de la custodia nacional de una nación soberana extranjera.”
Unas empresas dan visto bueno para deportar, un país-prisión recibe. Han creado un Triángulo de las Bermudas para los derechos.
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