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¡A extirpar el cáncer de la justicia!

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Las motos y casi cien camionetas blindadas, ocupadas por escoltas armados de metralletas que obstruían el paso por los alrededores del Club de Abogados de Bogotá, me hacían pensar que personajes muy importantes, quizás el presidente de la República (o el de los Estados Unidos), se encontraban en el club.

Pero no. Se trataba de un homenaje que la Rama Judicial, con fiscal incluido, le ofrecía a la recién posesionada presidenta de la Corte, famosa por llevar a un montón de magistrados a un espléndido crucero por el Caribe.

—¡En eso quedó convertida la majestad de la justicia! —pensé.

Y en esa muestra de la falta de austeridad de sus miembros, de su desinterés por cuidar los recursos del Estado y de su inclinación a abusar de su poder y su autoridad, está la explicación del desastre de la justicia hoy, de su parálisis, de que lleve tres meses de paro injustificado o, mejor dicho, justificado sólo por el hecho de que los jueces quieren más y, lo que es peor, porque cuatro o cinco sindicalistas de Asonal Judicial se opusieron a la decisión de levantar el paro aprobada a fines de año por la mayoría, y le echaron candado a la puerta del edificio de los juzgados.

Es que resulta inverosímil que mientras ellos devengan salarios que oscilan entre los siete y los diez millones de pesos (en un acuerdo suscrito en 2012 entre el Gobierno y Asonal Judicial se pactó un incremento salarial del 42% a lo largo de los cuatro años), los juzgados hayan permanecido tres meses paralizados por unos cuantos funcionarios insaciables que exigen aumentos que le costarían al Estado alrededor de $1,2 billones.

¿Cómo es posible que pidan más? Ese limbo judicial en que esos irresponsables tienen sumido al país ha producido ya serias consecuencias. Para citar un caso, el 76% de los capturados recientemente en Barranquilla recuperaron su libertad por cuenta del paro y están hoy libres en las calles delinquiendo. Las pérdidas del Estado por cuenta del sector se calculan en más de $100.000 millones y hay más 120.000 procesos atrasados, para no hablar de los casos que demoran décadas en resolverse y de la inoperancia de la justicia en general, que ha llevado a que la mayoría no crea en ella y no la busque como fuente de resolución de sus conflictos. (De ahí el auge que en otras épocas tuvo el paramilitarismo).

¿Acaso los jueces no calculan la gravedad de su pataleta? ¿No piensan en cuántos niños podrían alimentarse con $100.000 millones? ¡No lo piensan! Si lo pensaran, empezarían a ser dignos de pertenecer a la Rama Judicial.

Por todo lo anterior, el ministro Yesid Reyes tiene toda la razón al anunciar sanciones contra los que impidan el próximo 13 de enero la reanudación de las labores de la rama.

Por otra parte, esta crisis lo que confirma es que la gran reforma requerida por la justicia no es nada distinto a esto: ¡se necesita hacer borrón y cuenta nueva! Es indispensable extirpar el cáncer y cambiar a todos los empleados de la Rama Judicial por otros, escogidos mediante exámenes que midan no sólo el conocimiento sino el equilibrio emocional y la invulnerabilidad de los candidatos ante la tentación de la corrupción.

No sé cómo, el presidente Santos y su ministro, un hombre honesto y capaz, hijo del presidente de la Corte sacrificado en el Palacio de la Justicia, Alfonso Reyes Echandía, uno de los magistrados más respetados que haya tenido el país, puedan encontrar la fórmula para llevar a cabo ese revolcón. Pero si no la hallan, esta vergonzosa justicia nuestra seguirá en las mismas por los siglos de los siglos.

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