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Lo que se teje tras la casi segura conspiración de la Dijín para evitar que Otoniel les diga lo que sabe tanto a la JEP como a la Comisión de la Verdad debe ser una trama digna de una de esas series españolas en las que los crímenes y negocios ilícitos ocurren porque los delincuentes cuentan con la complicidad de oficiales y políticos claves.
No de otra manera se explica que la Dijín, que custodia a Otoniel, hubiera empezado a obstaculizar sus declaraciones ante la JEP y la Comisión de la Verdad, y a “castigarlo” de modo que le dé miedo hablar. Otoniel, exguerrillero de las Farc y del Epl, exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia y, por último, jefe del Clan del Golfo, había afirmado antes que desea revelar los nombres de los oficiales que están en la nómina de ese grupo criminal y cómo funcionan las alianzas de este con empresarios, miembros de la Fuerza Pública y otros funcionarios.
Veamos los hechos: la primera sesión ante el comisionado Alejandro Valencia y el investigador Eduardo Andrés Celis no contó con la privacidad requerida, fue espiada por cámaras y policías, e interrumpida por la Dijín. Dos días después, desconocidos asaltaron la casa de Celis y se llevaron solo el computador y una grabadora que contenían las declaraciones de Otoniel ante la Comisión, pero por fortuna Valencia hizo copia de las grabaciones. Luego la Dijín dijo que pondría la investigación del robo en manos de la Fiscalía, y sabemos que ahí puede demorar años. El martes, cuando Otoniel caminó cerca de 50 metros para ir a declarar ante la JEP, como lo reveló Daniel Coronell en uno de sus reportes para W Radio, en lugar de ser llevado con esposas en las manos, chaleco antibalas y casco, como es lo habitual, “fue esposado de pies y manos, y además usaron una cadena que une las extremidades superiores e inferiores”, lo cual hizo que el reo se quejara apenas llegó a la sala de audiencias por haber recibido “un tratamiento cruel e indigno”, y dejara “constancia de lo que, según él, es otro de los castigos que viene sufriendo en la Dijín desde que anunció su deseo de contar todo lo que sabe”.
La situación es tan grave, que el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, le envió una carta al presidente Duque, “en la que pone en su conocimiento la gravedad de lo ocurrido”, le anuncia que él, personalmente, seguirá entrevistando a Úsuga (Otoniel) y le solicita que “en su calidad de jefe de Estado inste al conjunto de las instituciones para que investiguen de manera pronta y eficaz lo sucedido”, y provean las garantías necesarias para “que la entrevista se siga desarrollando con las debidas confidencialidad y privacidad”.
El Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, integrado entre otros personajes por David Bojanini, Bernardo Toro, Cecilia María Vélez, Doris Salcedo y Rodrigo Uprimny, le escribió a Duque en el mismo sentido.
En este momento lo fundamental es no solo que el presidente otorgue las garantías solicitadas por Francisco de Roux, sino que desacelere el trámite de extradición de Úsuga, que se mueve a una velocidad inusitada. También, que la JEP acepte a Otoniel, como él lo ha pedido, en su calidad de tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor de grupos paramilitares.
Después sí, que lo extraditen. Pero antes que nos diga la verdad. Porque es algo demasiado importante lo que está en juego: nada menos que descubrir por qué en Colombia persiste el conflicto.
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