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“¿Quién podrá decirle a Duque que si objeta la ley estatutaria de la JEP pierde la gobernabilidad?”, comentó en una tertulia reciente un conocedor de los intríngulis de la política.
Se refería a la reacción adversa que ese hecho generaría en las agrupaciones estudiantiles y sindicales que realizarían múltiples protestas; en los partidos independientes y de izquierda; en otros como el Liberal, el Verde y sectores de Cambio Radical y de la U, los cuales seguramente negarían las objeciones al llegar al Congreso y le propinarían a Duque una derrota política descomunal.
“Si el presidente objeta la ley, además se echaría encima la comunidad internacional que apoya los acuerdos”, interrumpió otro analista.
“Y muy probablemente provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional, que ha apoyado de manera contundente a la JEP”, comentó otro asistente.
“Y perdería popularidad porque en el país es más popular la JEP que Duque y que Uribe”, afirmó un tertuliante, refiriéndose a un reciente sondeo del Centro Nacional de Consultoría, según el cual la JEP tiene 58 % de opinión favorable, mientras que Duque tiene 52 % y Uribe, 44 %.
“Y generaría un impacto muy negativo en los desmovilizados que ya están muy tristes y ven amenazada su seguridad jurídica, que es lo que más les importa”, dijo una funcionaria que acababa de visitar las zonas de desmovilización.
“Y golpearía a la Corte Constitucional y provocaría un choque de trenes”, pensé yo, porque como afirmó en la revista Semana Gloria Ortiz, presidenta de esa Corte, la comunidad jurídica debe evaluar si un reparo de inconveniencia como este puede afectar la cosa juzgada.
“Y las objeciones no servirían de nada porque así el Congreso las aprobara, seguramente la Corte reafirmaría su posición y las volvería a tumbar”, seguí pensando.
Y se echaría encima a gran parte de los militares que están encantados con la JEP, como lo demuestra el que 1.500 de ellos, agrupados en la Fundación Fuimos Héroes, le hayan pedido a Duque que no objete la ley, con el argumento de que esa jurisdicción les ha permitido a muchos militares acusados de cometer delitos durante el conflicto obtener libertad condicional. (Ya hay 1.957 militares y exmilitares que han firmado actas de compromiso con la JEP).
Y heriría aún más a las víctimas, pues al acabar la JEP o al golpearla tan duramente haría casi imposible que ellas conocieran la verdad de lo que ocurrió con sus muertos, desaparecidos y secuestrados y tuvieran garantías de justicia, reparación y no repetición.
Y regaría con gasolina la brasa encendida que es este país, porque muchos, quizás la mayoría de los desmovilizados, frustrados y angustiados, se unirían a los desertores de las Farc, al Eln o a las bacrim que les ofrecen pagarles un millón mensual.
Entonces, ¿cuál puede ser la conveniencia política de que Duque objete, total o parcialmente, la ley estatutaria de la JEP? ¿Tiene algún sentido que corra semejante riesgo político e institucional sólo por complacer a su partido minoritario, al senador Uribe y al fiscal general que no sabe qué nueva treta inventarse para torpedear los acuerdos de paz?
¡No! El presidente tiene la obligación de hacer hasta lo imposible para garantizar que este país que ha sufrido tanto no regrese a la guerra.
Por ello, es un deber moral suyo, y de todos los colombianos, rodear la JEP y hacerle sentir a su presidenta, Patricia Linares, una jurista honesta, capaz y ponderada, que la apoyamos, la respetamos y que estamos con ella.
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