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De su reciente columna comparto sus palabras positivas sobre el nuevo esfuerzo del gobierno en relación con la reforma política. Después de transitar en este tema en la teoría y en la práctica, cada vez soy más escéptico de la eficacia de las normas legales. Este es más un problema cultural y de ética social. Pero, aun así, no hacer nada tampoco es la solución.
No obstante, difiero de su apoyo a la financiación exclusivamente pública de las campañas. Creo que no arregla los problemas, que son evidentes, y casi seguramente los agrava. Es cierto que la financiación es el agujero negro de nuestra política. Es cierto que hay múltiples regulaciones. Y es cierto, por fin, que son casi todas ineficaces.Son ya pocos los que defienden la financiación puramente privada. Más clara es la resistencia de los países anglosajones a la utilización de dineros públicos, en comparación con Europa Continental e Iberoamérica.
Pero, ciertamente, la verdadera discusión que plantea se relaciona con una tendencia a permitir exclusivamente la utilización de caudales públicos, presente al menos en algunos países latinoamericanos. En Colombia, por otro lado, aunque se mantiene vigente su régimen mixto, se observa un aumento creciente de voces provenientes del gobierno, de los partidos y de la academia en defensa de la prohibición de aportes privados. Es probable que esta sea simplemente una reacción exagerada a los graves quebrantos institucionales que ha ocasionado la incursión de dineros de la mafia en las campañas. Pero, aunque soy consciente de que cada vez mi posición es minoritaria, creo que es un error lo que defiende al lado de muchos.
La preocupación original se refería al dinero de los magnates que “compraban” la política. Pero en el caso colombiano, ahora el problema es más bien el dinero negro. Quienes acuden a la financiación ilegal no van a dejar de hacerlo simplemente porque su conducta sea ahora doblemente condenada. Es una ingenuidad creer que los carteles de la droga dejen de comprar congresistas porque alguna norma lo prohíbe. En tales condiciones, es muy posible que la financiación enteramente estatal simplemente aumente el dinero gastado, en vez de sustituirlo. Por otra parte, respecto del aporte de los ricos, la respuesta está en los topes. No entiendo por qué un movimiento nuevo que se financie con crowdfunding deba ser proscrito.
Comparto, además, el temor de quienes creen que este tipo de solución convierte a los partidos en instituciones minusválidas dependientes del tesoro nacional, desconectadas de la sociedad que dicen agrupar. Quienes han actuado en la política real, saben del martirio del cheque oportuno. Y si, hasta ahora, esta demora ha sido erga omnes, no quiero pensar en un hipotético régimen que utilice los fondos para favorecer a sus amigos y aniquilar a sus enemigos.
La ley de Colombia está bien: financiación preponderantemente estatal, control del gasto, topes a las donaciones, tabla de donaciones prohibidas y exigencia de rendición de cuentas. La fallas aquí han sido más bien humanas. Y si de cambios legislativos se trata, habría que refinar el destino del gasto, hacer énfasis en los verdaderos disparadores del gasto (TV, publicidad, vallas) y no congestionar el CNE con las facturas de la lechona repartida en una tarde dominical.Por fin, un CNE independiente. Esa ha sido mi letanía.
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