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“Tenemos miedo. ¿Quién va a protegernos?”, preguntó un indígena embera en Tribugá, adonde acompañamos al único funcionario que escucha en los territorios a la Colombia profunda, esa donde las amenazas, los asesinatos selectivos, el desplazamiento, el reclutamiento de niños, el tráfico de drogas, la minería ilegal y la disputa por el territorio entre los grupos de paramilitares y guerrillas, todo facilitado por la ausencia del Estado, son el pan de cada día.
A esa Colombia aterrorizada y pobre se desplaza el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, acompañado por su equipo, no importa si para hacerlo tiene que viajar a lomo de mula, a pie, en canoa o en avioneta destartalada: él va, mira, oye y lanza alertas tempranas en las que le advierte al Gobierno las tragedias que se avecinan. Pero pocos trabajan para minimizar los riesgos advertidos. Entonces sobrevienen las desgracias profetizadas por él.
En esta ocasión el recorrido fue en una lancha que saltaba sobre las olas del Pacífico encrespado, desde Nuquí hasta Tribugá, Juradó (último pueblo antes de la frontera), Jaqué (en territorio de Panamá), Bahía Solano y finalmente Quibdó, adonde fuimos en avión, porque a la capital del Chocó, a pesar de estar a 68 kilómetros del mar, no se puede llegar por carretera.
El Chocó vive, en efecto, atemorizado: el pánico de ese indígena embera, que en enero se desplazó con los 126 miembros de su comunidad que abandonaron sus casas, cultivos y animales porque las Autodefensas Gaitanistas (Agc) preguntaron por un joven a quien acusaban de tener vínculos con el Eln, y como no lo encontraron mataron al tío, es igual al miedo que describieron la alcaldesa de Juradó, los miembros de otras comunidades y hasta los delegados de la Diócesis.
“En el casco urbano de Juradó, en el 92, hubo primero una toma guerrillera y ocurrió el primer desplazamiento”, dijo la alcaldesa del municipio. Y agregó: “En el 96, los paras sacaron a los hombres de las casas y los fusilaron; mi papá se salvó porque estaba en la finca. En el 99, durante una toma guerrillera, murieron muchos militares. En el 2001, la guerrilla asesinó al alcalde. En el pueblo también murieron muchos civiles porque los paras los sacaban de sus casas y los mataban. Los niños, en los juegos, gritaban lo que ocurría… Aquí hay 2.116 víctimas registradas. La gente quiere regresar a sus territorios y volver a pescar, pero los amenazan y se van de nuevo. En Juradó vivimos con miedo porque este es un corredor de grupos armados que hacen presencia: Agc y Eln. Y no hay confianza en los militares…”.
La frase de la alcaldesa me quedó sonando…
—¿En Juradó quiénes son más fuertes: las Agc o el Eln? —le pregunté a un soldado que, amablemente, me llevó la maleta.
—Las Agc —dijo.
—¿Y la gente es cercana a ustedes?
—Poco —respondió.
En Nuquí un oficial amable que comanda la base naval me contó que allí tienen 72 infantes de marina y 13 policías.
—¿Y la gente los apoya? —le pregunté.
—Depende.
—¿Depende de qué?
—Por ejemplo, si ha caído un cargamento de droga nos gritan cosas.
—¿Buenas? —inquirí.
—No, nos insultan.
Es que en ese Chocó de selva cerrada, biodiversidad asombrosa y paisajes preciosos, poblado en su mayoría por negros e indígenas empobrecidos por la violencia y la corrupción, no hay salud, vías, ni paz para cultivar, ni de qué vivir a excepción de la pesca. Pero los peces, por lo general, no hay cómo distribuirlos. En cambio la coca sí…
Continuará…
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