Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Cuando el coronavirus entre a las cárceles del país —y va a entrar—, estallará como un incendio que llegue a una bomba de gasolina”, afirma Julián Urrutia, doctor en Políticas Públicas de Salud de la Universidad de Harvard, graduado con una tesis sobre la salud en el sistema penitenciario colombiano.
“Nuestras cárceles son un caldo de cultivo ideal para el coronavirus, por la combinación de hacinamiento más higiene y sanidad pésimas”, dice.
“La consecuencia”, añade, “va a ser una plaga de proporciones bíblicas que primero arrasará con los presos, luego con los guardias, después con sus familias y, finalmente, con las nuestras. Tal vez ese sea nuestro castigo como sociedad, por nuestros excesos en el uso de la privación de la libertad para lidiar con cualquier crimen, grave o leve”.
Es que la nuestra es una sociedad punitiva y carcelera: “El que la hace la paga”, repite el presidente de la República. Hay que cambiar de chip: ¡bienvenida la JEP! Porque si persistimos en esa obsesión, va a aumentar la criminalidad y a empeorar la seguridad del país.
Miremos no más las cifras de nuestro absurdo sistema carcelario: según el abogado Manuel Iturralde, miembro del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, de acuerdo con el Inpec, hay 123.472 presos en el país. Sin embargo, deben agregarse los hacinados en estaciones de Policía, que están en condiciones aún peores pero no se sabe cuántos son, y los que están en las cárceles distritales, que no dependen del Inpec. De los del Inpec, cerca del 70 % están condenados y casi el 30 % están sindicados sin haber recibido sentencia.
Examinemos los casos: según el libro Cómo se negoció la paz (próximo a salir), de Víctor de Currea-Lugo, en diciembre había 330 presos de las Farc que, por haber sido amnistiados, han debido salir libres desde fines del 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz. Además, hay ¡quién sabe cuántos! que ya tienen derecho a libertad condicional, porque han cumplido las tres quintas partes de la pena y han completado el proceso de resocialización, pero el juez de ejecución de penas no les ha autorizado la salida, y pueden pasar meses y hasta años esperando su libertad. También hay muchos sindicados que llevan más de dos años sin que les resuelvan su situación y, por ello, tienen derecho a que los suelten, pero no los liberan por la misma razón. E incluso hay presos que hace rato pagaron su pena y siguen en la cárcel.
Así, según Iturralde, si hubiera voluntad política y se cumpliera la ley, se podría especular que el hacinamiento carcelario disminuiría en un 20 % o 30 %. Y a eso habría que agregarle cerca del 10 % o 12 % que el Gobierno dice que liberará por la emergencia carcelaria declarada a raíz de la epidemia de coronavirus. Pero es que esas personas, por razones humanitarias, no tendrían por qué estar en detención intramural: se trata de los presos por delitos menores con penas hasta de cinco años, de los acusados de delitos culposos, de los mayores de 60, de los que padecen enfermedades crónicas o tienen movilidad reducida, y de las madres gestantes o con hijos menores de tres años que viven con ellos en prisión.
Con esas medidas y cumpliendo la ley, se acabaría el hacinamiento. Se controlarían los motines y las matanzas en las prisiones. Y se desactivaría la bomba de tiempo del coronavirus carcelario.
¡Pero tienen que hacerlo ya!
Conoce más