Defensa Clara

“Míreme a los ojos”, le vociferó la peñalosista Gilma Jiménez. “Retírese del Concejo”, la increpó su presidente, Hipólito Moreno, miembro del Partido de la U (“u” de uribista). Y cuando ella se levantó para irse y otros le pidieron que se quedara, entonces la llamó “niña malcriada”. En fin, en ese debate, como en otros que con cierto tufillo machista les han hecho a las mujeres de la Administración Distrital (Mónica de Greiff, Catalina Velasco) hubo grosería e irrespeto en demasía, pero muy pocos argumentos. Se trata, al parecer, de una campaña orquestada por el uribismo para desbancar al Polo de la Alcaldía. Porque lo que son las cifras sobre seguridad en Bogotá no dan para semejante escándalo.

Según la Policía Metropolitana, en el primer semestre del 2008 hubo 670 asesinatos y en igual período del 2007 hubo 681, o sea, 11 más. Los indicadores de homicidios por 100.000 habitantes son menores en Bogotá (18) que en Washington (34), en Río de Janeiro (53) y en Caracas (133). Y según la Fundación Seguridad y Democracia, el número de hurtos registrados en Bogotá es 403, en Buenos Aires es 4.458 y en Washington es 5.220. Se dice que mucha gente no denuncia los robos. Pero algo similar debe ocurrir en los demás lugares. Entonces ¿por qué el escándalo? Porque una encuesta de la Cámara de Comercio sobre percepción de seguridad en Bogotá indicó que aumentó 5 puntos de junio de 2007 (34%) a hoy (39%). Pero a fines de diciembre, en vísperas del comienzo del período del alcalde Samuel Moreno y de la posesión de Clara López, esa percepción, según la misma encuesta, era igual: 39%. Entonces ¿cuál es el rollo?

Ahora miremos quién es Clara López Obregón, sobrina del presidente Alfonso López, quien la nombró su Secretaria Económica luego de que ella se graduó con Magna Cum Laude en Economía en la Universidad de Harvard. Clara es una dirigente brillante, discreta y honesta, con una hoja de vida que ojalá la tuviera alguno de sus detractores: además de economista, es abogada de la Universidad de los Andes y fue funcionaria de la AID, asesora del ministro de Hacienda Alfonso Palacio Rudas, Contralora de Bogotá, concejal de la capital por el grupo de Luis Carlos Galán, candidata a la Alcaldía de Bogotá en coalición con la Unión Patriótica, asesora del BID en Venezuela, Auditora General de la República, candidata por el Polo Democrático a la Cámara y del presidente Uribe para el cargo de Zar Anticorrupción, posición que rechazó por ética política pues, si bien le atraía, la ejercería a título personal y no en representación de su partido. Además, es autora de la denuncia que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia contra todo el Congreso, con el fin de que ese organismo definiera si era cierto, como lo afirmaba Salvatore Mancuso, que cerca del 35% del Parlamento estaba involucrado con el paramilitarismo. Esa demanda desató la investigación sobre la parapolítica que puso en jaque al uribismo.

¿Será eso, sumado a otras posiciones suyas (por ejemplo la de que las recientes desapariciones de Soacha pueden catalogarse como “desapariciones forzadas con fines de homicidio”) lo que no le perdonan?

Si es así, de todos modos tienen la obligación de respetarla.