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Son tantas las manzanas podridas que ya parece como si el podrido fuera un buen pedazo del Ejército, una institución tan importante para el país.
Como lo anotó un editorial de El Espectador, refiriéndose a las revelaciones de la revista Semana, “miembros del Ejército Nacional le han mentido al país, han interceptado ilegalmente las comunicaciones de magistrados, políticos y periodistas, han hecho trampas para cubrir sus rastros frente a las investigaciones de los entes de control y han enviado amenazas para que no fueran puestos en descubierto”.
Y añado otros descubrimientos de Semana: han interceptado a quien ha llevado la investigación en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe; le han pasado la información obtenida ilegalmente a un miembro del partido de gobierno; se han lucrado con recursos públicos; han asesinado a excombatientes como Dimar Torres; han establecido directrices que podían conducir al regreso de los falsos positivos y que gracias a la denuncia de The New York Times echaron para atrás; han ofrecido dinero y realizado pruebas de polígrafo con el fin de ubicar a las manzanas no podridas que le informan a la prensa los horrores que pasan; han desviado recursos para sufragar gastos personales; han recibido plata a cambio de entregar salvoconductos para porte de armas; han desviado combustible, etc. ¿Y qué ha pasado? Que en muchos casos, como lo estableció La Silla Vacía, algunos de los responsables han sido ascendidos por el presidente Duque.
Pero todavía siguen sucediendo cosas: el sábado, una hora antes de que Duque llegara a Bojayá, el coronel Darío Fernando Cardona, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, le envió al líder social Leyner Palacios, quien denunció que en el Atrato hay connivencia entre ciertos militares y miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), un derecho de petición en el que le plantea, entre otros temas, que le dé los nombres de los miembros de la Fuerza Pública que hayan practicado la connivencia y el lugar donde hayan ocurrido los ilícitos. Y añade que indique las comunidades que, según Leyner, se encuentran en confinamiento por la presencia de grupos ilegales en la zona.
Para interponer ese derecho, el coronel invoca la Constitución, que dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades”. Pero ¿cómo puede hacerlo? Eso lo que significa es que quien podría interponerlo sería Leyner, para preguntarle al coronel por qué su unidad no es eficaz en la lucha contra las Agc. No él.
Ese derecho de petición del coronel Cardona es ilegal e intimidatorio, pues en el futuro la población va a tener miedo de denunciar. Y es preocupante porque él parece sentirse muy sobradito y respaldado por sus superiores…
¿Qué hará Duque con ese coronel ineficaz que intimidó así a un líder social a quien él quiere proteger de manera especial? ¿Y qué va a hacer con los demás militares implicados en los delitos destapados por Semana?
Para salvar a su querido paciente, un buen médico extirparía el cáncer de inmediato, sin dejarle una sola célula mala. El presidente no puede esperar a que las autoridades tarden años en condenar a los culpables. Al menor indicio de corrupción o criminalidad, Duque debe destituir a los sospechosos. Porque si se sienten apoyados, o si el presidente ignora la gravedad de los hechos y no practica ya la delicada cirugía que se requiere, el cáncer hará metástasis y el querido Ejército y el país colapsarán.
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