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Si la justicia no pareciera politizada; si los códigos no fueran tan absurdos como para establecer que a los exministros Pretelt y Palacios los encarcelaran casi siete años por hacer lo que tantos funcionarios han hecho: ofrecer dádivas a congresistas con el fin de asegurar su voto en favor de una ley (¡claro que en ese caso se trataba nada menos que de cambiar el articulito que le impedía a Uribe reelegirse!);
si aquellos enjundios jurídicos no fueran tan disparatados como para fijar penas de 17 años para los autores de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos, como es el caso del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, acusado de beneficiar a sus amigos con subsidios de Agro Ingreso Seguro; si ello no ocurriera mientras estamos ad portas de firmar un acuerdo de paz que les dará penas distintas a las de cárcel a los responsables de cometer delitos que aterraron al país, la detención de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, podría ser vista como algo normal: se trataría, simplemente, de una medida de aseguramiento adoptada contra un acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir, en un proceso que se investiga desde hace cerca de 19 años, que se archivó hace 17 por falta de pruebas, pero que se reabrió en virtud de las declaraciones del mayor retirado de la Policía Juan Carlos Meneses Quintero, quien vinculó a Santiago Uribe con el grupo paramilitar de los 12 Apóstoles, que operaba en Yarumal, Antioquia, y al que se le responsabilizó de cometer, en los años 90, al menos 30 asesinatos de prostitutas, indigentes y drogadictos, con el argumento de que no eran personas gratas para la sociedad.
Es que, como afirmó Vladdo, “a Santiago Uribe no lo detuvieron ‘por estar cogiendo café’, _como dijo su hermano cuando se refirió a las víctimas de los ‘falsos positivos’,_ sino por acusaciones serias: en su contra, —y por eso rindió indagatorias— declararon los exjefes paramilitares Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso y Daniel Herrera, ‘Don Mario’. Luego, a raíz de las sindicaciones de Meneses, el proceso se reabrió.
Además, el Consejo de Estado condenó a la Nación al comprobar la complicidad de agentes de seguridad con el grupo de los 12 Apóstoles, y le pidió a la justicia que investigara los hechos y hallara a los responsables.
Al parecer, ahora la Fiscalía consideró que había reunido elementos suficientes para dictar medida de aseguramiento contra Santiago Uribe.
Obviamente, su abogado alega que los testigos mintieron. Y dentro de la nefasta pugna de la justicia, la Procuraduría (uribista) dice que su detención, ordenada por la Fiscalía (santista), es arbitraria. Ojalá se establezca pronto la verdad y se haga justicia. Y si resulta culpable, Santiago Uribe podría acogerse a la justicia transicional y sostener que sus delitos estuvieron relacionados con el conflicto.
En todo caso, dado lo anterior, cabe la pregunta: ¿es legítimo que la polarización del país, unida al despelote de la justicia y a su falta de credibilidad, lleven al extremo de que cualquiera que se llame Uribe o sea uribista, de hecho se vuelva inmune ante la ley?
Hoy y mañana son las últimas funciones de “Un hombre es un hombre”, de Bertold Brecht. ¡No se la pierdan! Aprovechen mi invitación: ¡corran al Teatro Libre de Chapinero!