La Ley de Víctimas o el mensaje enderezado

Si los padres escogen el primer camino, es muy probable que ese niño que les sacó a escondidas plata de la billetera, o que se robó en el colegio una calculadora, se sienta tan descalificado por sus seres más queridos, que jamás vuelva a robar. Pero si los padres optan por la segunda alternativa, es muy posible que ese hijo, que comenzó llevándose sin permiso unos pocos billetes, siga robándoles a sus condiscípulos los iPods y los celulares, cogiendo a escondidas objetos de las casas y del colegio y, así, poco a poco, termine convertido en un verdadero delincuente.

Ese segundo camino fue justamente el que escogió el Gobierno al impulsar la ley que pretendía establecer que las víctimas de agentes del Estado fueran reparadas no por la vía administrativa, como lo serían las víctimas de la guerrilla y de los paramilitares, sino por la vía judicial, lo cual iba a implicar que primero se produjera una condena, la cual, si se tienen en cuenta la lentitud y las fallas de nuestro sistema, iba a ser muy difícil de lograr.

De esa manera, el Gobierno y su bancada les estaban enviando a los soldados el desastroso mensaje de que el papá Estado, si bien no patrocina los falsos positivos (esto es, que recojan inocentes para matarlos, hacerlos aparecer como guerrilleros y cobrar su recompensa), por lo menos hace lo posible por disimular el horror que cometen con ellos y por obstaculizar la reparación de los afectados.

Afortunadamente, gracias a la habilidad del representante liberal Guillermo Rivera y al decidido compromiso con las víctimas del senador Juan Fernando Cristo, ponente de la ley en el Senado, quienes convencieron a los miembros de las comisiones de conciliación de ambos cuerpos de que se inclinaran por el proyecto que establece que todas las víctimas, incluidas las de agentes del Estado, sean reparadas por la vía administrativa, se logró que la propuesta de Cristo sea la que tenga que someterse a votación, y no el esperpento que quiso imponer el Gobierno, el cual discrimina a los afectados por los agentes del Estado, que parecen considerados de inferior categoría (¡como si la muerte de un hijo duela más si su asesino es un guerrillero y no un soldado!). Ahora esperamos que la bancada uribista, por orden de su jefe, no acabe hundiendo esa ley o dilatando su aprobación, sino que la impulse decididamente.

Esa actitud no sólo beneficiaría nuestra imagen en el exterior, sino que, además, a todos nos haría muy bien recibir el mensaje de quien ejerce las funciones de padre de la nación, de que él no sólo es el primero en estar dispuesto a ocupar el primer lugar de combate para ganarles la guerra a los bandidos, como él los llama, sino también ¡el primero en descalificar y sancionar ejemplarmente a sus hijos descarriados!

 (¿O es que piensa que no lo son tanto?).