Procurador, ¡salve usted el Magdalena!

Y de los cuatro últimos gobernadores, tres presos por lazos con el paramilitarismo: Trino Luna Correa, José Dávila Armenta y Jorge Caballero. Y el actual, Ómar Díaz Granados, ficha de Trino Luna, suspendido por la Contralora General por sospecha de corrupción, ¡a raíz de desviación de fondos en la adquisición de kits escolares! El presidente Santos nombró un gobernador ajeno a la clase política para que atendiera la emergencia del invierno y lograra que la ayuda llegara a manos de los damnificados y no de los ladrones: designó al general cienaguero Manuel José Bonett, ex comandante de las Fuerzas Militares, ex embajador en Grecia y profesor de historia.

Pues el viernes, al día siguiente de su posesión, un juez penal municipal de Santa Marta decidió favorablemente una tutela interpuesta por el gobernador suspendido contra la decisión de la Contraloría, no obstante que el juez tenía la obligación de declararla improcedente, porque la tutela es un recurso constitucional que sólo procede cuando no existe otra vía de acción judicial y, según juristas consultados, es un juez administrativo, y no uno penal, el que debe resolver este caso. ¿Qué aguas oscuras se habrán movido tras la decisión del juez?

Y lo increíble es que, a pesar del interés del Presidente de poner a salvo los fondos para ayudar a los damnificados, y de hacer lo necesario para que los distribuya alguien que le garantice que sí llegarán a sus destinatarios, no pudo hacer nada, y le tocó cumplir la tutela, revocar el nombramiento de Bonett y restituir en la Gobernación al sospechoso de corrupción, ¡mientras otro juez penal de Santa Marta! decide, en veinte días, si revoca la tutela, atendiendo la impugnación interpuesta contra ella por la Contralora General.

Mientras tanto, los corruptos harán lo posible por robarse los $23 mil millones que, entre viernes y martes, Bonett alcanzó a poner en una fiducia que sólo puede girarles ese dinero a cinco grandes mayoristas una vez entreguen 60.000 mercados y kits de aseo para familias de seis personas en promedio. También, por orden de la Presidencia, recomendó, para la firma del gobernador Díazgranados, la celebración de un contrato de distribución de esos mercados y kits con la agencia logística del Ejército. ¡Ahora a él le quedaría muy mal no firmarlo y darles su distribución a intermediarios que, en este año electoral, los usen con fines políticos! La última parte de ese dinero, asignada a subsidios de arriendos, hay que dárselas a las familias albergadas en escuelas que deben evacuarse antes del lunes, cuando comienza la jornada escolar. Bonett organizó, además, comités municipales de veeduría para la entrega de esos recursos, dirigidos por la Iglesia, con participación de madres comunitarias, ICBF, Policía y Cruz Roja.

Pero la clave para detener el saqueo la tiene el procurador Alejandro Ordóñez, quien, a fines de año, en reunión pública en la Universidad del Magdalena, se comprometió a definir pronto el proceso disciplinario contra Díazgranados, que por los mismos hechos cursa en la Procuraduría, y cuya responsabilidad en ellos no fue ni podía ser fallada por el juez penal que aceptó su tutela. ¿Por qué no lo ha hecho?

Si el Procurador quiere evitar que se frustre esta esperanza que ahora tiene el Magdalena de dejar sin nido a las ratas que lo manejan, puede, YA, suspender al gobernador sospechoso, para que no sea él quien maneje la entrega de los recursos de la emergencia.

¡En sus manos está, procurador Ordóñez, salvar el Magdalena!