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Parece que el 18 de marzo se realizará, ante la Comisión de la Verdad, la tan solicitada audiencia pública entre los excomandantes de las Autodefensas y los antiguos jefes de las Farc.
Desde fines del año pasado, varios exparamilitares, encabezados por Salvatore Mancuso, y excomandantes de las Farc, como Pastor Alape y Rodrigo Londoño, le habían insistido a la Comisión de la Verdad que los escuchara de manera conjunta en una audiencia a la que también asistieran medios de comunicación nacionales e internacionales, ONG y organizaciones sociales.
El 27 de febrero, en una carta que Mancuso le envió al padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, el exparamilitar explicó por qué es tan importante que ese encuentro sea de cara al país: según él, Justicia y Paz fue un proceso valioso, en el cual comenzó a contarse la verdad sobre el conflicto armado, pero ese trabajo fue limitado, “pues el mismo Estado colombiano es juez y parte y, obviamente, no desea que se conozcan y trasciendan las verdades para poder eludir su responsabilidad en el conflicto”. Agregó que “en dicha justicia transicional, al igual que en la justicia ordinaria, muchas verdades quedaron perdidas”. Por eso Mancuso pidió que además se escuche a terceros civiles, miembros de la Fuerza Pública activos y no activos, agentes del Estado, políticos, etc., de modo que se conozca la verdad completa.
Es justamente eso lo que debe lograrse para que la verdad no se refunda… Ya vimos cómo, por ejemplo, en el caso del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado (para no hablar del crimen del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y de tantos otros), la verdad permaneció oculta durante 25 años entre teorías sin fundamento que inventaron los más inverosímiles “culpables”, a tal punto que se llegó a inculpar del magnicidio de Gómez al expresidente Ernesto Samper y al exministro Horacio Serpa (q. e. p. d.), y solo se supo que las Farc habían sido las autoras del crimen cuando sus dirigentes decidieron contar la verdad.
Es sabido que aquí la justicia funciona poco y mal. Y más cuando el Estado y sus principales dirigentes parecen no querer que ciertas verdades se conozcan. Recordemos cómo, en el momento menos esperado, el presidente Álvaro Uribe extraditó a los jefes paramilitares que se habían sometido a un proceso de paz, quienes, por ello, se sintieron traicionados. Y miremos también cómo, en el último tiempo, varias veces el presidente Iván Duque, inmiscuyéndose en lo que la ley no le permite inmiscuirse, ha insistido en que Mancuso no sea admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz.
Si bien la Comisión de la Verdad no tiene funciones jurisdiccionales, es muy importante que ella realice cuanto antes ese encuentro de verdad conjunta, el cual, como lo dijo Pacho de Roux, aportará “una verdad nueva (…) que entrega la complejidad del conflicto armado colombiano, donde los que al final disparaban para matar o cavaban las tumbas eran ejecutores de órdenes de otros, que estaban detrás y que a su vez dependían de un enjambre de relaciones que involucraban a miembros de instituciones, a terceros políticos o financiadores. Esta verdad compleja es indispensable”, afirma el padre De Roux, porque “es obvio que hay responsabilidades políticas, históricas y éticas que no pueden callarse”.
Cuando se conozcan y se acepten esas responsabilidades, por fin, podrá empezar la verdadera reconciliación.
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