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Conocidas las denuncias sobre maltrato en la Defensoría del Pueblo, hay dos desenlaces posibles.
Primero, que la ley se aplique y que sectores de la sociedad se movilicen censurándolo; podría ser el inicio de una campaña efectiva en contra de tales prácticas. Segundo, en caso de que no haya consecuencias, pasaría lo contrario: salvoconducto para que ciertas formas salvajes de acoso laboral sigan aplicándose impunemente. Los maltratadores se sentirán legitimados.
El maltrato a las personas es uno de los fundamentos de la violencia. Está a la orden del día en la vida cotidiana de muchas familias y , lamentablemente, está presente en no pocos ambientes laborales. La convivencia sana entre colombianos, ahora que se habla de posconflicto, depende, directamente, de la forma en que la sociedad sea capaz de inducir el buen trato.
Basta visitar un hogar licenciado por el ICBF para encontrarse, de frente, con la realidad de niños maltratados en las formas más crueles, o abandonados por sus padres. Se trata de menores “en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos”, en el lenguaje del Bienestar Familiar. En general, los profesionales a cargo del restablecimiento de derechos son excelentes; algunos niños regresarán con sus familias, otros permanecerán en instituciones y, finalmente, algunos serán adoptados. Las cicatrices del abuso estarán siempre presentes en la vida de los niños y niñas.
Un ámbito más complejo es el que se relaciona con el maltrato de adultos en los lugares de trabajo. Los adultos agredidos por algunos jefes suelen ser cabeza de hogar y, obvio, al depender del sueldo, muchos optan por el silencio, con altos costos para su autoestima y tranquilidad. La agonía del acoso laboral se puede extender por años y décadas. Algunos terminan reproduciendo, en cascada, los malos hábitos. ¿Quién podrá defenderlos?
En otros casos, como en el de la Defensoría, al denunciar deciden renunciar, como ha sido el caso de Juan Manuel Osorio, defensor delegado, y de Astrid Helena Cristancho, secretaria privada (sin mencionar la salida “solicitada” de Hernando Toro).
La estrategia del defensor Otálora, en el caso de Osorio, de desacreditarlo, no da esperanzas. Osorio es excelente profesional y gran persona, como lo es Cristancho. Igualmente, la de pretender que el cuento se reduce a una conspiración orquestada contra Otálora y, por extensión, contra la entidad en su conjunto, no permite abrigar ilusiones. Peor aún, las complicidades políticas, el espíritu de cuerpo. Vergüenza.
La Defensoría está llamada a jugar un papel de primera línea en el próposito de construir una sociedad basada en el respeto entre sus miembros. Para ello se requiere de líderes de altas condiciones morales, ejemplares.
Hay que abrir un debate sobre el maltrato laboral; hay que impedir que quienes lo practican se sientan legitimados por la ausencia de sanción legal y social a lo que ocurre hoy en la Defensoría.