Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Si las Farc desean que los esfuerzos de La Habana conduzcan a la firma de un mínimo acuerdo, deben liberar de inmediato, sanos y salvos, al general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes.
No vale acá el santanderismo guerrero. Que no hay tregua, que se está en guerra, que se trató de su captura en un escenario de combate, son argumentos que la opinión pública colombiana no va a digerir.
Que, como se ha dicho, se trató de una imprudencia del alto militar, acompañado de un suboficial y una abogada, en pleno Atrato chocoano, en zona de combates, no cabe duda. Conocida su trayectoria, el general deberá explicar lo ocurrido.
Se cumplen dos años de conversaciones en La Habana. Todos los esfuerzos y avances se pueden ir al traste por un incidente como este. En un país polarizado y miope, hay sectores y dirigentes que se están frotando las manos de la dicha ante la expectativa de que el proceso se rompa por el lado más absurdo.
Como bien lo decía The Economist hace dos semanas, refiriéndose a un conocido dirigente que aboga por más plomo: “…falla en admitir que las conversaciones ofrecen la mejor alternativa para dar fin a un conflicto que ha perjudicado a Colombia con muerte, destrucción y el desplazamiento de millones de personas”.
A la descalificación de las conversaciones de La Habana por parte de los guerreristas corresponden las actitudes soberbias y poco inteligentes de las Farc, amén de síntomas preocupantes de descoordinación entre sus mandos. El desprecio frente a víctimas del conflicto (recordemos el trato a Clara Rojas y al general Mendieta), su amnesia frente a la barbarie del secuestro y hechos recientes como el asesinato de indígenas, minan la confianza de los colombianos en el proceso.
Más allá de si las Farc sorprenden al país liberando al general Alzate, lo que no puede ignorarse es la situación del Chocó.
El general y sus acompañantes son unas víctimas más de la situación que se vive allí. Región olvidada, sin políticas efectivas para la producción agrícola legal, se ha convertido en el escenario de “trabajo” no sólo de las Farc y del Eln, sino del clan de los Úsuga, el fatídico brazo armado de los urabeños. Los enfrentamientos entre estos últimos y los primeros provocan el desplazamiento de miles de habitantes del Chocó.
En julio de este año, la Iglesia católica y organizaciones humanitarias dieron la alerta por la grave crisis humanitaria en dicho departamento en un llamado que denominaron “¡S.O.S. Chocó!”. Naciones Unidas habla de miles de desplazados, incluyendo población afro-chocoana e indígenas emberás.
Independientemente de lo que ocurre en La Habana, el Estado tiene la obligación de atender a la población del Chocó, de velar por su bienestar social y su seguridad.
Las Farc, por su parte, tienen el deber de respetar a la población chocoana en el marco del D.I.H., así como la vida y la libertad del general Alzate, que difícilmente constituía amenaza militar para la guerrilla en el momento de su secuestro.
Conoce más