Parafiscales e infancia

Los AP destinados al ICBF cumplen este año 35 años. Junto con los temas de retroactividad de las cesantías y de pensión sanción, eran preocupación básica de las asociaciones empresariales antes de la Constitución del 91. Es una discusión vieja.

Los AP no fueron tocados en la Constitución del 91. Oportunidad perdida. El profundo cambio que se presentó en la descentralización de la salud y la educación por la vía de las transferencias no tocó al ICBF que, con sus inmensos logros de 40 años a favor de la niñez,  siguió en la tradición de las primeras damas al mando de su Consejo Directivo (hasta 1999), altamente centralizado, sujeto al vaivén del ciclo económico y, por otra parte, financiado por contribuyentes empresariales sin ganas.

Adicionalmente, según la Contraloría General (2006), el ICBF atendió menos niños en 2005 que en 1999, amén de invertir parte de sus recursos en TES y no dedicarlos a su objeto, la protección de la infancia.

Las vacas son y serán flacas en los próximos años, como resultado de la contracción económica mundial. El impacto se verá en  la protección a la infancia.

La Misión para la Reducción de la Pobreza (2006), aunque reconoce que el trabajo del ICBF tiene impacto progresivo (es decir, que contribuye a reducir la concentración del ingreso), diferenciándolo del impacto regresivo de los gastos asociados al Sena y las Cajas de Compensación, consideró que es necesario cambiar la forma de financiar al ICBF por la vía del presupuesto nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad de sus ingresos, por un lado, y de aliviar a las empresas, por otro. La premisa, desde luego, consiste en establecer cuáles son los costos  de la política de protección a la niñez. Nadie ha dicho cuál es ese valor.

Hoy, en 2009, se libra una pelea encarnizada por tumbar o dejar en pie los AP. Lamentablemente, con alguna excepción, las propuestas y contrapropuestas carecen de una visión de conjunto en la que el interés superior de los niños y niñas sea el hilo conductor de los respectivos análisis, entre otras cosas, mandato constitucional y de la Convención de los Derechos del Niño.

El modelo hay que cambiarlo. Ello podrá ocurrir sólo  en un contexto de “todos ponen” y no a partir del estilo de la  actual  discusión, orientado bien a “quítenme esa carga de encima” o bien a prolongar un cómodo statu quo que es insatisfactorio para la vulnerable niñez colombiana.

Por alguna razón, el tema de los niños y niñas no es prioridad en Colombia. La reforma al Código del Menor tomó doce años y, al paso que vamos, los AP cumplirán sus primeros cuarenta años. Entre tanto, como alguna vez dijo la Contraloría, “el porcentaje de niños bajo la línea de pobreza supera la cifra nacional”.