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POR LA AUSENCIA DE INVERSIÓN, pública y privada lícita, Putumayo se ha aferrado a las bonanzas que le han deparado los consumidores de droga, la inversión social del Plan Colombia y, por último, DMG.
Putumayo se había convertido, en los 90, en la zona de mayor producción de coca en el mundo, base de la primera bonanza. El antídoto pretendía ser el Plan Colombia.
La primera edición del Plan, en 2000, lo tasaba en US$1.319 millones. Del total, la parte del garrote correspondía a US$442 que se dirigirían a lo que se llamó “Avanzada en el Sur de Colombia”, US$446 a interdicción del narcotráfico y US$115 millones a la Policía Nacional. La parte blanda, la zanahoria, estaba compuesta por programas de desarrollo alternativo (US$174 millones) y diversas actividades dentro del programa “Apoyo a DD.HH. y Reforma Judicial en Colombia”.
Entre 2000 y 2006 Estados Unidos destinó, en total, US$6.200 millones al Plan (de los cuales, US$1.300 se dirigieron a programas diferentes al militar).
Dado que se esperaba reducir el área cultivada de coca en un 50%, el saldo de siete años del Plan es agridulce. Lo dulce: el mejoramiento del clima de seguridad, aunque los éxitos, según la GAO, la oficina que ejerce la auditoría fiscal sobre las entidades federales y los programas del Congreso, no son irreversibles. Lo amargo: de acuerdo con la GAO, “entre 2000 y 2006 el cultivo de amapola y la producción de heroína se redujeron en alrededor del 50%, mientras que el cultivo de coca y la producción de cocaína aumentaron aproximadamente en 15 y 4% respectivamente”. (Informe GAO al Honorable Joseph Biden, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Senado de EE.UU., octubre 2008).
Tanto la parte del garrote como la de la zanahoria se enfocaron, al comienzo, en dos departamentos: Caquetá y Putumayo. Entre 2000 y 2003, en el Putumayo, los recursos invertidos en desarrollo alternativo, gobernabilidad y atención a desplazados, la zanahoria, fueron de $127 mil millones.
Con sus fallas, se logró la erradicación voluntaria de 17 mil hectáreas a partir de la generación de oportunidades lícitas de producción para el autoconsumo, el mercado putumayense y el nacional. La comunidad participó a través de programas como Pildaet y Raíz por Raíz. Se construyeron centros agroindustriales en municipios como Villa Garzón y Orito. Los gobiernos locales se fortalecieron y se instalaron algunas casas de justicia. No obstante, se trató de logros efímeros.
Usaid, la agencia estadounidense a cargo de la inversión social, revisó su estrategia de concentrarse en zonas como el Putumayo. Según GAO, por “encontrar difícil poner en marcha proyectos en el subdesarrollado sur, donde el Gobierno colombiano ejerce mínimo control…”.
Por un momento, en la historia del Plan, se tuvo la esperanza de que, aun a pesar de las inocuas y peligrosas fumigaciones, la inversión social y económica era considerada condición necesaria para sacar al Putumayo del charco ilícito.
Pasada la bonanza AID, llegó la tercera: DMG.
Pasado el festín de DMG, hay sólo una alternativa: considerar al Putumayo parte de Colombia, con las inversiones correspondientes en conectividad vial, articulación de cadenas productivas, salud y educación.
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