Días de lluvia

En los últimos días se ha criticado al Gobierno por no gastar más para apoyar la actividad económica. Existe una explicación fácil. Treinta años de desequilibrio fiscal nos están pasando la cuenta. No todo el desequilibrio fiscal es producto de la irresponsabilidad. El déficit actual es casi igual al costo anual de las pensiones. El Estado carga con el pasivo pensional desde que se acabaron las reservas del Seguro Social. Pero hay que preguntarse por qué no hemos sido capaces de reformar el sistema pensional, para que ejerza menos presión sobre el gasto y, por lo tanto, permita, cuando se requiere, una política anticíclica más efectiva. Y no toda la culpa es del Ejecutivo. El Congreso no ha ayudado y las Cortes han ejercido un papel irresponsable. Pero esta no es una explicación completa. Sucesivos gobiernos también han sido ligeros a la hora de establecer un régimen tributario sólido y estable y promover mayor eficiencia en el gasto.

La segunda pregunta es por qué no pudieron ahorrar los gobiernos para emergencias. Dado el déficit estructural, incorregible en ausencia de reformas que no se emprendieron, la única otra oportunidad hubiera sido ahorrar en épocas de bonanza. Y la oportunidad más clara se desperdició. La bonanza petrolera comenzó al final del gobierno Uribe y alcanzó su auge durante el primer gobierno Santos, cuando las exportaciones petroleras se duplicaron. En ese gobierno se exportaron US$80.000 millones más en petróleo y carbón que en el cuatrienio anterior. El Gobierno no tomó las medidas suficientes para compensar el efecto de lo que claramente era una bonanza y se entusiasmó con la quimera que, gracias a estos recursos, Colombia había dejado de ser un país de ingreso medio y estaba camino a una transformación definitiva.

Cuando ya en el mundo eran diáfanas las advertencias de los efectos del cambio climático sobre el futuro de la industria fósil y siendo, además, los peligros de la enfermedad holandesa un tema tan conocido, el gobierno fincó sus ilusiones sobre la permanencia de la bonanza. Aun su programa económico estrella, que le parecía tan importante para el desarrollo, las carreteras 4G, se ejecutó a costos altísimos, justificados con el absurdo argumento de que le sumarían un punto anual al crecimiento del PIB.

Los efectos inmediatos fueron los de esperar: aumentó la tasa de crecimiento, se revaluó el peso y se resintió el resto de la producción. Los efectos posteriores también fueron los típicos: cayó la tasa de crecimiento, se devaluó el peso, pero la recuperación del resto de la producción no se dio de manera inmediata o compensatoria. La tasa de crecimiento per cápita durante los ocho años del gobierno Santos fue igual a su promedio de largo plazo. La bonanza se esfumó, tal como se desprendería de un texto de macroeconomía intermedia.

El choque externo, entre 2015 y 2018, no hubiera sido un choque tan fuerte para Colombia si efectivamente la bonanza se hubiera congelado. El desperdicio de la bonanza petrolera era claro desde hace años. La oposición (que en sus anteriores épocas de poder también se entusiasmó con el petróleo y el carbón) lo señalaba con frecuencia. Los simpatizantes del gobierno fueron más discretos, quizás porque les parecía que había que apoyar un gobierno cuya mayor ejecutoria, el esfuerzo de llegar a un acuerdo de paz, podría peligrar si se le debilitaba. En todo caso, estamos pagando la factura.

Dice la teoría económica que, en épocas como las actuales, el gobierno debe incurrir en un déficit mucho más alto para financiar la emergencia. Estos costos se deben sufragar en el tiempo. Los mercados aceptarán este camino con mayor beneplácito, como lo han hecho con el programa de gasto del Perú, si el gobierno traza un derrotero para un retorno gradual hacia el equilibrio fiscal, con contenido un poco más detallado que la difusa regla fiscal. Mientras tanto, nuestra precaria situación fiscal nos seguirá haciendo daño y pasaremos los días de lluvia mucho más expuestos a los elementos.