El estupro de 1985

Sólo hasta ahora una juez está por decidir si el coronel Plazas es culpable de la desaparición forzada de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y sólo hasta ahora se va a producir un informe oficial sobre lo ocurrido. La dificultad para sanar las heridas de la toma del Palacio de Justicia es reflejo de lo traumático del episodio, pero también, sin duda, de la actitud de las autoridades. El actual Gobierno concentra sus esfuerzos en atacar al M-19, como causante de la tragedia, y para pocas mientes en la responsabilidad del gobierno de la época por la operación militar y sus indudables abusos. Por el contrario, parece empeñado en proteger a los militares investigados.

Pero la reacción de este Gobierno es un resultado lógico de la actitud del gobierno de entonces, el de Belisario Betancur. Por eso, vale la pena preguntarse por qué actuó como actuó el gobierno de Betancur y qué hay detrás de la versión semioficial de los acontecimientos.

En su libro Trauma y recuperación la psiquiatra Judith Lewis escribe que “las víctimas del estupro con frecuencia se castigan con amargura, ya sea por haberse expuesto o por no haber resistido lo suficiente… La vergüenza y la culpa del sobreviviente pueden ser exacerbadas por el juicio severo de los demás, pero no son aliviadas por simples pronunciamientos absolviéndolo de responsabilidad”.

La descripción anterior, de dolor y humillación, de la posible autorrecriminación, de la tendencia al aislamiento, de la dificultad de sanar, son fenómenos que describen lo que le ocurrió al Presidente de Colombia en 1985.

Por medio de la intimidación silenciosa de que son capaces quienes están armados, se vio sometido durante un breve lapso a la impotencia. Quizá piensa que no resistió lo suficiente, o que no tuvo el necesario cuidado en la conducta previa de sus relaciones con su sorpresivo agresor o, quizá, como un mecanismo de defensa, cree que no se trató de una violación precisamente porque no hubo resistencia explícita.

Durante un tiempo, la cúpula del Ejército colombiano de facto se tomó el poder. Se impuso a su comandante en jefe y decidió, por su cuenta, recuperar el Palacio de Justicia a la fuerza. Decidió que las consecuencias de la operación no importaban. Decidió, o permitió que algunos de sus integrantes decidieran torturar a sobrevivientes y luego asesinarlos.

De esto hace casi un cuarto de siglo y las heridas siguen abiertas. No ha ayudado, claro, que no haya habido en tantos años ni siquiera un pronunciamiento de simpatía de parte de las Fuerzas Armadas hacia los familiares de las víctimas por lo que evidentemente se trató de una reacción desproporcionada. Pero quizás el factor más perturbador de todos ha sido la reacción de quien fue, antes de que hubiera un solo muerto, el primer sometido: el Presidente. Su silencio entumecido no le ayuda al país a dejar atrás este episodio.

Y tampoco le ayuda a él mismo. La mayor parte de los colombianos ya no recuerdan que, hasta ese momento, el Presidente era tan popular que se daba como probable su reelección cuatro años más tarde. No recuerda su ascenso vertiginoso de la pobreza al poder, su talento político, su prestigio internacional, el manejo imaginativo y flexible de la crisis económica y su facilidad de comunicación. También desapareció la oportunidad de analizar y poner en contexto sus desaciertos y equivocaciones, incluyendo, en retrospectiva, haber tratado de adelantar el proceso de paz sin involucrar a las Fuerzas Armadas. Su legado entero se esfumó bajo el manto del silencio. El propio.