El futuro de una mala idea

Debería ser apenas evidente que las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos no se reducen por el simple hecho de que se les prohíba utilizar sus vehículos. Esta prohibición tiene, por lo tanto, tres efectos. En primer lugar, induce a un número reducido de personas a utilizar el transporte público masivo. En segundo lugar, aumenta la demanda por taxis, que generan tanta congestión como los vehículos particulares. Y en tercer lugar, promueve la adquisición de vehículos adicionales en todos los hogares que pueden comprarlos, que siempre será creciente.

Ni el segundo ni el tercer efecto reducen la congestión. Sólo obligan a los ciudadanos a incurrir en un gran costo, económicamente improductivo, para llegar al mismo sitio que antes. Llenar la ciudad de taxis y los garajes de carros apagados es ineficiente y costoso. Dadas las limitaciones del sistema de transporte masivo, la lentitud con que se amplían sus deficientes servicios y el decreciente costo de los carros, hay poca duda de que, con el paso de los años, el aumento en el número de vehículos por familia va a eliminar cualquier efecto de racionamiento del Pico y Placa. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Prohibir que los carros azules salgan los martes y jueves y que los rojos circulen los miércoles y viernes?

Hay tres tipos de soluciones menos absurdas que el Pico y Placa en el largo plazo. La primera consiste en construir infraestructura digna de una ciudad de 7 millones de habitantes. En Bogotá debería haber vías más amplias, vías expresas, túneles, etc. Todas deberían ser construidas por empresas de primer orden, bajo especificaciones de gran calidad. Y se deberían mantener en buenas condiciones. En otros países es posible. ¿Por qué aquí no? ¿Será que en un país que se permite tener a Gallego de ministro de Obras por ocho años no es posible pensar que la capital puede tener la infraestructura que merece? La segunda consiste en acelerar la construcción de un sistema de transporte masivo adecuado y, al mismo tiempo, reducir el número de buses que operan por fuera del sistema. La tercera consiste en imponer un sistema de racionamiento más sensato, probablemente basado en mecanismos de precio.

El racionamiento que existe hoy es absurdo. Aparte de sus efectos económicos de largo plazo, tiene otros problemas. Hay todo un andamiaje de mecanismos para burlarlo. Por ejemplo, por un motivo que nadie entiende, los vehículos blindados están exentos. Existe, además, un tráfico creciente de vehículos con placas diplomáticas en manos de ciudadanos particulares colombianos. No faltan los conductores atléticos que descienden ágilmente de carros con calcomanía de discapacitados. Y, en este contexto, el ciudadano del común tiene que pagar los mismos impuestos y seguros que antes, cuando podía utilizar sus vehículos. Ojalá que en las próximas elecciones municipales los candidatos presenten propuestas novedosas para ponerle fin, en un plazo razonable, a una política abusiva y contraproducente.