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El Gobierno ha logrado un consenso sobre cómo proceder en el tema de los diferendos con Nicaragua. Por desgracia, se trata de un consenso estéril y dañino, en apoyo de una política que no puede rendir frutos.
En mala hora, Colombia se convenció a sí mismo de que el meridiano 82 constituía un límite marítimo. Esta posición se adoptó primero, con criterio discutible, como elemento táctico, para fortalecer una posición de negociación. No se suponía que fuera una posición de fondo, porque claramente no era cierto.
El problema de esta posición es que había que abandonarla en algún momento, bien fuera para negociar con Nicaragua (cosa que no se podía hacer si Colombia seguía sosteniendo que no había nada que negociar) o para acudir a un tribunal, puesto que no existía posibilidad de que un tribunal serio le diera la razón a Colombia en este punto. Sin embargo, Colombia aceptó la jurisdicción de la Corte en La Haya y siguió insistiendo en una insensatez, en lugar de concentrar sus esfuerzos en el tema de fondo, que era el de defender una delimitación ventajosa.
Estos desaciertos iniciales no le corresponden al gobierno Santos, puesto que se acumularon durante varios gobiernos anteriores. El error de fondo fue insistir, más allá de lo que hubiera sido, si acaso, tácticamente útil, en que la delimitación estaba resuelta.
Por haberse engañado a sí misma, Colombia se declaró perdedora con el fallo del 2012. Esta actitud quizá fue políticamente expediente. Pero fue un error, esta vez del Gobierno actual. Así, terminamos en la situación de hoy, desacatando los fallos de tribunales internacionales, tratando de disputar tardíamente la competencia de la Corte para conocer el nuevo pleito, que versa sobre la plataforma submarina y ahora dejando que la Corte resuelva este pleito sin defender los intereses nacionales. Esta posición, que constituye una pataleta contraproducente, revierte una tradición centenaria de la política exterior colombiana, en el sentido de insistir en el apego a las leyes y los tribunales internacionales. Alrededor de esta posición se han congregado todas las fuerzas políticas, utilizando un lenguaje lastimoso: “no nos vamos a dejar joder”, “esta no es una Corte que le convenga a Colombia” o “la CIJ no es una corte en la que se pueda confiar”. Estas declaraciones solo se explican entre personas serias porque se ha formado un ambiente en el que actuar de manera sensata ante un revés jurídico se va a interpretar como antipatriótico o pusilánime. Es un pesar que no haya voces que insistan más bien en revisar la estrategia jurídica para minimizar el daño.
El Gobierno dice que el camino indicado es el de una negociación directa con Nicaragua (precisamente lo que Colombia se negaba a hacer cuando insistía en que no había un tema limítrofe abierto). Y es de suponer que Nicaragua eventualmente accederá. Lo hará después de ganar los dos pleitos en la Corte, desde una posición de fortaleza. ¿O alguien supone que Nicaragua ganará dos pleitos para luego ceder en una negociación directa lo que ya habrá conseguido en una Corte?
El Gobierno de turno, puesto que ya no será este, siempre podrá alegar que con la negociación logró la hazaña de revertir partes fundamentales de los fallos de la Corte. Será un ejercicio cosmético. Si de declarar victoria se trataba, hubiera sido mejor hacerlo en el año 2012, destacando que la soberanía sobre las islas se salvaguardó para siempre, a pesar de la supuesta “pérdida” de parte de la zona marítima. El país hubiera podido entonces prepararse para el pleito que se anunciaba, sobre la delimitación de la plataforma submarina, sin distraerse en argumentos estériles. Pero quizás el Gobierno consideró que no le alcanzaban las fuerzas para enfrentarse al uribismo en dos temas separados. El miedo fue mal consejero.
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