Un mal comienzo

Pero ¿acaso la incertidumbre de saber que viene otra reforma, con más impuestos, pocos meses más tarde, tranquiliza a los inversionistas? Claro que no, porque saben que la reforma que inicialmente anunciaba el ministro no pretendía conseguir los recursos necesarios para cumplir las promesas del Gobierno ni para financiar los todavía desconocidos compromisos de La Habana. Frente a la reacción de los grandes contribuyentes, el Gobierno ha comenzado a cambiar de posición. Ahora dice que está analizando la conveniencia de aumentar el IVA.

Es inevitable que la reforma tributaria genere grandes resistencias. Tal como está diseñado, el impuesto al patrimonio es en realidad un impuesto a los dueños de casa propia —un impuesto predial mal disimulado. Como las autoridades distritales han duplicado el valor predial en Bogotá en cuatro años, el impuesto sobre los mismos bienes se va a multiplicar por dos (o más, si sube la tarifa) y mucha gente que no pasaba el umbral ahora sí lo va a pasar. En cambio, la genta rica tiene su patrimonio en acciones y no paga sobre el valor de éstas. En teoría, no lo hacen porque las empresas ya lo pagan sobre el valor contable de su patrimonio. Pero en la gran mayoría de los casos, el valor en libros de una empresa es muy inferior al valor comercial. Por lo tanto, se subestima el valor real del patrimonio de quienes tienen grandes fortunas. De hecho, al eximir las acciones, el Gobierno está promoviendo una burbuja en la bolsa de valores, para que vaya de la mano de la incipiente burbuja inmobiliaria.

No le ayuda al Gobierno la sensación que quedó tras las elecciones en el sentido de que ha adquirido compromisos regionales excesivos y quizás improvisados. Tampoco ayuda que haga tan poca claridad sobre el costo de sus planes de gobierno, o que sea tan opaco en relación con los supuestos costos de la paz. Y obviamente, lo perjudican los constantes escándalos sobre corrupción y malversación de fondos públicos, aunque éstos con frecuencia no sean de índole nacional.

El ministro, que tiene aspiraciones políticas propias, no quería complicarse con estas discusiones. Algunos analistas han sugerido que el ministro piensa dejar el cargo a fines de año y que, por lo tanto, quiso resolver el apremio inmediato, a costa de dilatar unos pocos meses una discusión mayor, y manteniendo la incertidumbre entre los contribuyentes.

Todos sabemos que pasar una reforma de fondo, que pretenda mejorar el estatuto tributario, tiene un tránsito muy difícil en el Congreso. Entre otras cosas, porque existe un círculo vicioso: entre más compleja la reforma, más costosa de pasar en el Congreso (el tema de la mermelada) y por lo tanto, más altos los gastos que hay que financiar. ¿Se puede culpar al ministro por haber aspirado a evadir esta situación con una finta, antes de que cayera el telón?