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2009 NO SERÁ EL AÑO DEL ESTADO DE Derecho. No lo digo sólo porque se inicie el reino oscurantista del procurador Alejandro Ordóñez, cargo al que llega a base de clientelismo, y ¡quién lo creyera!, de la mano de otro ex procurador, Horacio Serpa, ese sí dizque liberal.
A propósito, hay que conservar la entrevista de Cambio al gobernador de Santander, ponderando las supuestas virtudes democráticas de Ordóñez, para que cuando ocurra el desastre, recordemos a los gestores de esa aventura siniestra.
Al lado de la catástrofe que se avecina con Ordóñez, el Gobierno decretó perdón y olvido para los secuestradores que se fuguen y liberen secuestrados. Claro que está bien que los cautivos regresen, así tengamos que padecer más espectáculos, como los que le gustan y propicia el Gobierno, pero que no tolera cuando no es protagonista. Pero es un desafío a la decencia que escudados en una leguleyada de la “Casa de Nari”, esos secuestradores no paguen un solo día de cárcel por sus crímenes y que además puedan irse fuera del país con los bolsillos llenos. El Gobierno quiere que creamos que eso es intercambio humanitario, cuando se trata de una renuncia a la legalidad y de paso, el velado reconocimiento de que el Estado por sí solo no será capaz de rescatar militarmente a todos los plagiados, aun cuando logre liberar a algunos.
La solución tramposa de amnistiar disimuladamente a los secuestradores es la expresión de la cultura paramilitar de burlar la ley y de prohijar la justicia privada. Por eso no es extraño que quienes hoy apoyan la iniciativa de premiar a los secuestradores sean los mismos que en el pasado aplaudieron o convivieron con los paramilitares.
La otra perla que amenaza al Estado de Derecho se relaciona con el nuevo asalto a la Corte Constitucional, que está por ejecutar el Gobierno, con la elección de los dos magistrados que debe postular el Presidente, para reemplazar a Manuel José Cepeda y Marco Gerardo Monroy Cabra, cuyos períodos vencerán el 31 de enero y el 28 de febrero.
El Presidente no ha integrado las ternas para reemplazar a estos dos magistrados, y debió haberlo hecho antes de que terminara la anterior legislatura, para que el Senado pudiera elegirlos con tiempo, como ya lo hizo con otros cuatro abogados. Curiosa omisión, porque a menos que se convoque el Congreso a sesiones extraordinarias, los reemplazos de Cepeda y Monroy sólo podrán ser elegidos después del 16 de marzo, cuando se inicie la legislatura ordinaria.
El Gobierno debe de tener listas las ternas para reemplazar a Cepeda y Monroy, pero no las divulga, para que silenciosamente sus amanuenses hagan campaña, pues para ellos el Congreso no está cerrado. Así terminarán de apoderarse de la Corte Constitucional, como lo hicieron con el Banco de la República, o con el Consejo Presidencial de la Judicatura, o con esa vulgar Comisión de Televisión.
La Directora de la Corporación Excelencia para la Justicia prometió que vigilaría los nombramientos en las Cortes. Lástima su inexplicable silencio de ahora. Sus buenas intenciones apenas le alcanzaron para declarar a El Tiempo su preocupación porque en una terna de candidatos a la Corte Constitucional sólo hubiese egresados del Externado, como si eso fuese una mancha, porque aunque en privado ella dice adorar a los externadistas, nos sacude en público. Se acabó el espacio, ya volveré sobre esto.
No hay con quién, y todavía faltan seis años de embrujo totalitario.
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Adenda. Contundente la denuncia que por fraude procesal formuló el parlamentario Germán Navas Talero a los promotores del referendo reeleccionista.
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