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El Gobierno está asustando inclusive a quienes votaron por Petro confiados en su acatamiento de la Constitución y las reglas de la democracia. Algo de eso debe de haber influido en la vertiginosa caída en las encuestas, como también los inconstitucionales ajustes que alguien a última hora metió al proyecto de ley que adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997 y define la política de paz, con los que en vez de ayudar ha creado un problema al presidente.
En efecto, el Gobierno ha insistido en que en el tema de la “paz total” deben expresarse todas las opiniones porque el mandatario no quiere imponer su omnímoda voluntad. Eso iba bien hasta que esta semana conocimos que en el proyecto de ley sobre la paz a lo mejor un asesor incluyó unas propuestas que francamente tienen tinte antidemocrático, porque de ser aprobadas Petro sería una especie de presidente imperial. Hay allí un discurso, si no contradictorio, al menos confuso.
El primer ajuste que se hizo al proyecto fortalece e incrementa los poderes de los que ya goza el presidente con desmedro de las facultades del Congreso, pues se facultaría al mismo Petro para expedir “el marco reglamentario para el sometimiento de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”. El tal marco reglamentario no es nada distinto de definir un procedimiento judicial para el sometimiento de bandas criminales, grupos armados, disidencias y desertores. Esa definición no puede ser fruto de la voluntad o el criterio de un solo hombre, menos cuando el Gobierno se ha empeñado en sostener que de la “paz total” debemos ser partícipes todos, precisamente para que no se diga que se impuso un modelo autoritario. De la manera como se reformó el proyecto en este punto, no queda duda de que se priva al Congreso de su competencia constitucional para definir y expedir un procedimiento judicial (art. 150, numeral 2, Constitución), y se le traslada bruscamente esa potestad al Ejecutivo.
Pero el asunto no se reduce a eso, pues también se autoriza al presidente Petro para que desconozca las providencias judiciales contra personas detenidas por excesos en ejercicio del derecho a la protesta social, por la vía nada ortodoxa de solicitar (¿ordenar?) a los jueces que suspendan las capturas o las medidas de aseguramiento. El proyecto ignora que esas personas no están detenidas por la Fiscalía sino por el Poder Judicial, que se supone autónomo e independiente, por lo que es previsible, como lo vaticinan algunos penalistas, que a los jueces que han decretado esas detenciones no les va gustar que de la noche a la mañana la Casa de Nariño abra las puertas de las cárceles. La figura bajo la cual esos prisioneros quedarían libres sería la de designarlos ampulosamente “promotores de convivencia y participación ciudadana”. ¿Quién definiría esto? Tampoco sería el Congreso, otra vez sería el propio Petro quien quedaría investido de la potestad de reglamentar todo lo relacionado con definir qué son, qué harían y cuánto costarían esos promotores. El Poder Ejecutivo que excarcela con la misma facilidad encarcela; eso tiene un tufillo autoritario.
Y como para que no quede duda de que este es un proyecto de ley inconstitucional e imperialista, se facultaría a Petro para indultar a quienes hayan sido condenados por protestar, lo que violaría el numeral 17 del artículo 150 de la Constitución. El indulto se predica de delitos políticos, y aunque los detenidos por la protesta social no sean necesariamente terroristas, en todo caso, si se les considerase bandidos, tampoco son hoy delincuentes políticos.
El rumbo que ha tomado este inconstitucional proyecto de ley es odioso y riesgoso, pero sobre todo provocador. Ninguna necesidad tienen el Gobierno y sus aliados de que sea el presidente quien expida el “marco reglamentario” o procedimiento judicial para el sometimiento a la justicia de grupos ilegales mediante un decreto, o de que sea él quien abra las prisiones a los detenidos de la primera línea, o de que los convierta en promotores de convivencia y participación ciudadana que sólo él sabe qué harían, o de que decrete el indulto para delitos comunes. Todo eso y más le sería aprobado sin dificultad, casi sumisamente, por el Congreso. Si esto es antes de los primeros 100 días de gobierno, la cosa puede ponerse muy pronto color de hormiga, cuando crezca más la desaprobación ciudadana.
Adenda. ¿Será que los Estados Unidos aceptan no exigir visa a los colombianos, luego de que nuestro Gobierno los acusa de estar quebrando la economía mundial?
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